Río Piedras, Puerto Rico – (24 de enero 2025), Grupos y sectores de la Ley 75-1995 en Río Piedras expresan su enérgica oposición a la reciente carta circular del Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, que contempla detener la admisión de estudiantes de nuevo ingreso en 64 programas académicos en diversos recintos de la institución, lo que se puede convertir en un cierre de facto. Esta medida pone en riesgo la calidad educativa del pilar fundamental de la educación superior pública en Puerto Rico y amenaza el futuro de miles de estudiantes, docentes, y la comunidad en general.
“El Recinto de Río Piedras no solo representa un centro de conocimiento, sino también una posibilidad de desarrollo comunitario puesto que, encarna un impacto social a los más vulnerables” señala el portavoz estudiantil de los Grupos de Ley 75, Channiel Peñaloza. Una de las mayores aportaciones de la Facultad de Educación es la estrecha colaboración de parte del proyecto de acompañamiento a escuelas aledañas que, a través de iniciativas en nuestros sábados de mercado, sus estudiantes apoyan a la niñez de nuestras comunidades. De igual forma, a través del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE) la comunidad es acompañada e intervenida por estudiantes de todas las disciplinas impulsando un desarrollo comunitario integral, la participación ciudadana y la organización comunitaria. Por lo que, esta propuesta se debe, entre otras cosas, a decisiones que trascienden las razones operacionales y administrativas; un posible cierre de programas académicos sería un golpe irreparable para la comunidad estudiantil y para la identidad cultural y social que caracteriza a Río Piedras y a todo Puerto Rico. La UPR es un catalizador de desarrollo para la región, no solo por la educación de miles de jóvenes, sino también el ecosistema económico, empresarial y cultural de la zona de Río Piedras.
«En la Junta Comunitaria reconocemos el trabajo de estos estudiantes y la pertinencia de las diferentes disciplinas en el trabajo comunitario. Los programas educativos, no se miden en números, sino en las posibilidades que ofrecen de transformar vidas e impactar comunidades” expresó Jackie García, presidenta de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras. La propuesta de cierre de estos programas académicos no puede verse como solo una acción administrativa, sino que corresponde a una ideología que prioriza el mercado por encima del bienestar y que tiene implicaciones mucho más profundas en las comunidades que acompañan. “La eliminación de programas resulta en una pérdida irreparable para nuestros trabajos pues, todas estas disciplinas abonan al desarrollo social que aspiramos y el futuro que deseamos construir. Por esto y más, los grupos comunitarios de Río Piedras, avalados por la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras de 1995, continuaremos conversaciones con la UPR a través de CAUCE con el fin de asegurar la inclusión de más estudiantes en nuestras comunidades” añadió Andrea Bauzá, presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.
Instamos al Presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, y en el caso de Río Piedras, la rectora Angie Varela, a reconsiderar esta decisión y a abrir un espacio de diálogo genuino con la comunidad universitaria, y la sociedad civil, con el fin de encontrar soluciones alternativas que no impliquen la supresión de programas académicos fundamentales para el bienestar colectivo y comunitario.
Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y universitarias como la Junta de Gobierno a priorizar el interés colectivo, se deben tomar con mayor seriedad y urgencia las condiciones integrales que aquejan a nuestra comunidad tales como: la falta de residencias estudiantiles, la falta de alimentación adecuada y accesible, y los altos costos de matrícula entre otras. Estos deben ser temas medulares y holísticos cuando se hable del interés estudiantil.
Las comunidades de Río Piedras nos oponemos de manera categórica a estas propuestas de cierres y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Universidad de Puerto Rico como un bien colectivo y baluarte para nuestras comunidades.
