SAN JUAN-Con una seria preocupación por la aparente inercia oficial que raya en cierto grado de apatía, ante el desenfreno en el regateo en las vías públicas de la Isla, el Ombudsman de Puerto Rico,Edwin García Feliciano, urgió a no posponer ni dilatar acciones efectivas que eviten esta práctica y que, por ende, minimicen las muertes en las carreteras.
García Feliciano, quien se desempeñó por cuatro cuatrienios consecutivos como alcalde de Camuy, insistió que todo esfuerzo debe incluir la participación de los gobiernos municipales, cuyo personal de las oficinas de Manejo de Emergencias, Policía Municipal y Rescatistas, están mucho más familiarizados con las zonas y horarios – y hasta protagonistas-, de esta práctica que añade cifras letales a las estadísticas de accidentes viales.
“Si bien es cierto que se hace sumamente difícil perseguir a los que regatean en violación a la Ley Núm. 22 de 2000, no es menos cierto que cruzarse de brazos, tampoco parece ser la alternativa. Máxime, cuando a todas luces, es de conocimiento general los días y horas de regateo. Todos los ciudadanos que hemos padecido en un momento determinado de esta práctica, estamos sumergidos en el ruido, el desorden, el peligro inminente y el abierto reto de los participantes de violar las leyes a la vista de todo el mundo”, expresó el Procurador del Ciudadano.
Siguió diciendo García Feliciano que las recientes muertes de plena juventud entre conductores y asistentes a carreras clandestinas, pone de manifiesto la falta de prudencia, la negligencia crasa, el menosprecio por su vida y la vida ajena, como a la sensación de impunidad que permea en el ambiente de quienes fomentan esta nefasta práctica.
“Aunque en la mayoría de los casos, son personas, entre 25 a 49 años de edad, las recientes fatalidades en Dorado, los fallecidos oscilan entre los 19 y 21 años. Cuatro jóvenes que se fueron temprano, que no pudieron ver sus vidas realizadas, porque probablemente la diversión les nubló el razonamiento sobre las graves consecuencias, que hoy se pagan con un costo enorme de sufrimiento para sus familias, amigos y conocidos”, advirtió el Ombudsman.
Le parece importante además al Procurador que se mire y revisen los artículos 5.06 y 5.07 de la Ley de Vehículos y Transito de P.R., especialmente aquellos que tienen que ver con la suspensión de la licencia y cómo se tipifica cada infracción a esos artículos.
“Somos del parecer que todo el componente gubernamental y municipal, como entidades e instituciones sociales que amplíen la difusión de la fase educativa en la prevención del problema, deben aunar esfuerzos para desarrollar estrategias que aminoren los regateos alrededor de la Isla. Aunque los regateos se dan mayormente entre 6:00 pm y 6:00 am, lo cierto es que los vemos a todas horas y por todos lados. Pero, además de los que regatean, están los que incitan al mismo, un factor determinante que también debe ser contrarrestado”, aseveró, recalcando que su llamado incluye también su preocupación como padre, abuelo e integrante de una comunidad que valora y respeta las leyes.
En ese sentido, explicó el funcionario, hay agencias como la ACAA que pueden reforzar lo que hace la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, de manera que las campañas educativas sean frecuentes. Además, debe establecerse como requisito. el que antes de obtener una licencia, la persona tenga que tomar ciertos cursos, que lo ubiquen en la gravedad de lo que sucede, cuando se exceden los límites de velocidad, de alcohol o medicamentos.
Con pesar, García Feliciano tuvo que admitir que es de general conocimiento de que hay un sector de la población, que no respeta las reglas de tránsito, aunque no todo el que asiste a un evento de regateo en las vías públicas, se ubica dentro de ese grupo o se ve como un violador de la ley.
“Hay actividades que realizamos los seres humanos que nos parecen perfectamente legales, pero no lo son. Por ejemplo, descargar aguas usadas en un sumidero, tirar basura a las calles, robarse una gallina para hacer un asopao, vandalizar estructuras entre otras. No basta con que haya una ley o más de una, que tipifique una actividad o comportamiento como delictivos. Se hace necesario divulgar la ley para que se sepa porqué se aprobó la misma.
En un llamamiento final sobre el tópico, Edwin García Feliciano recalcó que si que hay que enmendar leyes para atemperar las penas a la magnitud de las consecuencias, que se haga. Pero no se deben relegar las campañas educativas, que son las que salvan vidas.
