La investigación identificó sobre $83 mil dólares facturados en exceso y fallas en los controles internos
(San Juan, Puerto Rico) -La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico publicó los resultados de una investigación que reveló una facturación en exceso de $83,003.86 en el Departamento de Salud (DS) por contratación de servicios de mantenimiento y otras deficiencias administrativas relacionadas con procesos de compra de equipo.
La OIG indicó que el DS contrató los servicios de una compañía entre 2021 y 2022, la cual prestó sus servicios en exceso de las cuantías pactadas. Según el informe, en 2022, a través de dos contratos, la empresa facturó un exceso total de $51,315.42. Por otro lado, en 2023, el contratista facturó $5,876.44 en exceso y, de igual forma, cobró una partida de $25,812 por servicios brindados en períodos en los que no estuvo vigente ningún contrato.
La facturación en exceso podría llevar al DS al incumplimiento de los controles internos, en la medida en que se certificaron y procesaron facturas sin cumplir con los requisitos normativos.
Durante el 2022, el DS enmendó un contrato para permitir pagos retroactivos a favor de la empresa contratada. El análisis apuntó que las partidas corresponden a servicios ofrecidos por el contratista durante un período en el cual las cuantías contratadas ya se habían agotado. Los hallazgos hacen hincapié en las exigencias de la Ley 237-2004, según enmendada, que establece parámetros uniformes en los procesos de contratación y señala que un contrato de servicios profesionales entre un contratista y el Gobierno deberá ser prospectivo.
La investigación demostró también irregularidades en el Certificado sobre el Registro Único de Profesionales (RUP), emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG). Se encontró que el número de seguro social patronal establecido en el contrato no coincide con el del contratista, según registrado en el RUP. Los hallazgos detallan que esta acción podría generar costos cuestionables y derivarse de procesos de contratación gubernamental no fiscalizados debido a la falta de controles internos.
Deficiencias en uso de fondos federales
La investigación identificó que el contrato sostenía que se sufragaría con fondos locales. No obstante, durante la evaluación de la OIG, se encontraron al menos ocho hojas de servicio que ascendían a $31,679 y que fueron sufragadas con aportaciones federales. La entidad fiscalizadora detalló que esta práctica detectada es contraria a la reglamentación existente y refleja un uso inadecuado de fondos federales.
Además, durante la vigencia de varios contratos, se estimó una facturación de al menos $57,609.46 en la compra de equipo y materiales, lo cual es contrario a lo establecido en los términos acordados. Por otra parte, el resultado de la investigación concluyó que al menos 60 facturas de tres contratos diferentes no contaban con la información requerida para cobrar por los servicios, conforme a las exigencias de la Ley 237 del 2024, según enmendada.
Los hallazgos detallaron que las facturas incompletas se consideran contrarias a la reglamentación porque estaban acompañadas de hojas de servicio realizadas durante todo un mes, las cuales contenían información incompleta, se encontraban defectuosas e incluían servicios que no estaban contemplados en los contratos.
Se encontró que el contratista prestó servicios en otras facilidades que no estaban contempladas en el contrato. Estas acciones dejaron desprovistas de servicios las instalaciones de la Oficina Central del DS en Centro Médico en San Juan. De acuerdo con la investigación, los servicios cuestionados alcanzaron facilidades en Adjuntas, Arecibo, Río Grande, Rincón, Cataño y Ponce.
Como parte de las recomendaciones del informe, se requirió al DS coordinar los adiestramientos exigidos por la OIG para fortalecer los controles internos. En especial, se enfatizó la necesidad de procesos más rigurosos en contratación, facturación, pago y manejo de fondos federales.
Tras la publicación, el DS deberá implementar las acciones correctivas necesarias para abordar las situaciones señaladas en el Informe de Investigación. Asimismo, la dependencia gubernamental deberá detallar a la OIG las medidas que adopte para garantizar el fiel cumplimiento de la reglamentación aplicable.
Cualquier persona que tenga información sobre acciones que pongan en riesgo el uso correcto de fondos públicos puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.
