San Juan, PR (2 de febrero de 2025) — La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés) expresó que la propuesta de pagos publicada el 10 de enero por los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) para el programa de Medicare Advantage (MA), no mejora la situación de disparidad en los pagos para los beneficiarios en Puerto Rico. Dichas reglas entrarán en vigor en enero de 2026.
“Luego de una revisión inicial de las reglas incluidas en el “Advance Notice” no identificamos ninguna de las propuestas que el sector de salud y empresarial ha recomendado por los pasados 4 años para mejorar el programa Medicare Advantage en Puerto Rico. De hecho, creemos que con las nuevas reglas la brecha entre Puerto Rico y las demás jurisdicciones en Estados Unidos podría aumentar.” expresó el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera-Cardona.
La organización aclaró que aún hay un proceso de comentarios, que vence el 10 de febrero, antes de que la propuesta se haga final, e invitó a funcionarios gubernamentales y otras organizaciones a enviar sus comentarios y/o unirse a MMAPA en este esfuerzo.
Impacto de los recortes y necesidad de ajustes
En una última comunicación y petición a la Administración Biden el pasado mes de diciembre, la coalición de 30 organizaciones reiteró que la falta de acción federal para establecer mejorías, como un nivel mínimo nacional de pagos o un «piso» en las tarifas de MA, pone en riesgo el desarrollo de un programa exitoso que ha logrado hacer más con menos para atender las necesidades médicas de los adultos mayores de Puerto Rico. Actualmente, el pago base de MA en Puerto Rico es un 39% más bajo que el promedio nacional, 36% menor al promedio en estado con pagos más bajos y un 21% inferior al de las Islas Vírgenes de los EE. UU.
Los datos del programa Medicare Tradicional en Puerto Rico, que solo representa el 4% de la población con Medicare, han tenido deficiencias por décadas y no son representativos como base para determinar los pagos de MA. Ello, a su vez, tiene un impacto negativo en los beneficios y pagos a proveedores. Ante ello, diferentes sectores han recomendado métodos alternos para establecer los pagos como el uso de data de Medicare de los estados u otros territorios o promediar los costos a nivel nacional.
“La fórmula de pago vigente castiga desproporcionadamente a las áreas de mayor costo-efectividad de toda la nación, las que ya tienen los costos más bajos de todo el programa. Esto, sumado a que Puerto Rico tiene una de las poblaciones de adultos mayores más vulnerables de la nación, con altos niveles de pobreza y de prevalencia de enfermedades crónicas y la histórica insuficiencia de fondos que ha sufrido Puerto Rico en programas gubernamentales como Medicare y Medicad, son razones suficientes para revisar la formula y detener el espiral hacia el fondo que han seguido los pagos de MA en Puerto Rico.”, añadió Rivera-Cardona.
El presidente de MMAPA sostuvo que la industria del sector de la salud está esperanzada en que la nueva administración Trump -con una visión más favorable al programa MA- preste atención a los asuntos de financiamiento del programa Medicare Advantage y, cónsono con su visión de un gobierno más eficiente y costo-efectivo, proponga cambios a la formula usada por CMS que haga justicia a Puerto Rico y otras jurisdicciones en situaciones similares. Al presente, MMAPA se encuentra actualizando datos estadísticos y técnicos que habremos de incluir en nuestra comunicación de comentarios oficiales a CMS, y estaremos publicando los mismos oportunamente para que la gente en Puerto Rico pueda entender de primera mano la seriedad e importancia de esta situación.
Datos clave
Impacto directo: El 96% de los beneficiarios elegibles en Puerto Rico están inscritos en Medicare Advantage, 660,000 ciudadanos.
Puerto Rico invierte $5,200 per cápita en salud anuales y el promedio nacional es $14,200.
Puerto Rico hace más con menos: Los planes de MA en Puerto Rico promedian resultados en el programa de calidad (Estrellas) al nivel más alto entre todos los estados. Por ley 85% de cada dólar va destinado a beneficios y pagos a los proveedores.
