Mesa de trabajo del Senado, liderada por la senadora Nitza Moran, genera aportaciones clave del sector comercial sobre el impacto de la prohibición de plásticos

(El Capitolio, San Juan, Puerto Rico. Lunes, 3 de febrero de 2025) – La senadora Nitza Moran, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, lideró la primera mesa de trabajo del Senado enfocada en evaluar el impacto de la prohibición de plásticos en Puerto Rico. Con la participación de más de 25 representantes del sector comercial y privado, agencias gubernamentales y expertos en la industria, este encuentro sentó las bases para un proceso inclusivo que tome en cuenta a todos los sectores afectados por esta medida.

Uno de los principales acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo fue la necesidad de establecer un sistema de reciclaje industrial que atienda esta problemática de manera efectiva. Actualmente, Puerto Rico no cuenta con una empresa dedicada al reciclaje de plásticos a nivel industrial, lo que provoca que la mayoría de estos desechos terminen en los vertederos, sin cumplir con los objetivos ambientales de la legislación vigente.

Los participantes coincidieron en que la falta de detalles reglamentarios y la ambigüedad en la ley actual dificultan su implementación efectiva. Se destacó la urgencia de desarrollar una industria de reciclaje adaptada a las necesidades particulares de Puerto Rico, que garantice el cumplimiento de la legislación y la protección del medio ambiente.

El encuentro contó con la participación de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Industriales y representantes de empresas de distribución, entre otros. Estas entidades realizaron aportaciones clave sobre los retos que enfrentan los comerciantes con la prohibición de plásticos y exploraron alternativas para una transición sostenible sin afectar la competitividad del sector.

Asimismo, se contó con la colaboración clave de la secretaria designada del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Natalia Catoni; el secretario designado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón; y el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, quienes ofrecieron la perspectiva gubernamental sobre la aplicación de estas normativas y las opciones disponibles para el sector comercial.

La secretaria designada del DACO, Natalia Catoni, reafirmó el compromiso de la agencia con el cumplimiento y aplicación efectiva de la ley. “El Departamento de Asuntos del Consumidor, siguiendo su mandato en ley de vindicar e implementar los derechos de todos los consumidores, está en la mejor disposición de colaborar con la Legislatura en toda gestión que redunde en beneficios para todos. Nuestro norte es que tanto los consumidores como los comerciantes comprendan los protocolos de la Ley 51-2022 y puedan hacer la transición necesaria para ajustarse a dicha disposición. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, al tiempo que aseguramos un manejo responsable y justo de las políticas públicas”, puntualizó.

Un proceso inclusivo para el desarrollo económico

La senadora Nitza Moran enfatizó la importancia de que este proceso sea inclusivo, asegurando que todas las partes afectadas; comerciantes, consumidores y agencias gubernamentales tengan voz en la toma de decisiones.

“Esta ha sido la primera mesa de trabajo del Senado sobre este tema, y nuestro objetivo es que este sea un proceso inclusivo donde todas las partes puedan expresar sus preocupaciones y aportar soluciones viables. Pudimos escuchar de primera mano el impacto de estas regulaciones en el sector comercial y explorar estrategias que nos permitan fortalecer el ecosistema de negocios en Puerto Rico, asegurando que la legislación sea justa, efectiva y equitativa”, expresó la senadora Moran.

Por su parte, el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) destacó ser el más afectado por la prohibición de plásticos, debido a las limitaciones económicas que dificultan una transición inmediata a alternativas sostenibles. Sobre esto, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Dr. Ramón Barquín III, expresó: “las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las más afectadas por la prohibición de plásticos, ya que muchas de ellas no cuentan con los recursos necesarios para hacer la transición a alternativas sostenibles de manera inmediata. Esta situación representa un reto financiero y operativo significativo, particularmente para los comercios locales que ya enfrentan altos costos operacionales y una economía en constante cambio. Por eso, desde el CUD, recomendamos que la implementación de la ley se haga de manera escalonada y que se extienda el periodo para su entrada en vigor. De esta forma, se podrá aplicar por fases, permitiendo que los comerciantes se adapten gradualmente sin poner en riesgo su estabilidad y la de sus empleados”, sostuvo el también empresario.

Durante la mesa de trabajo, los participantes coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto de la prohibición de plásticos en la operación de los comercios y en la economía local, explorando posibles estrategias para lograr una transición efectiva hacia alternativas sostenibles sin afectar la competitividad del sector.

En cuanto a la regulación de los recibos de compra, la discusión del Proyecto del Senado 235 (P. del S. 235), que busca enmendar la Ley 209-2016 sobre transparencia en los recibos de compra, se llevará a cabo en una próxima etapa, asegurando que reciba el mismo nivel de análisis y participación multisectorial.

La senadora Moran reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y destacó que las aportaciones de los participantes serán consideradas en los próximos pasos legislativos.

“El diálogo con el sector comercial y las agencias reguladoras es esencial para desarrollar leyes que promuevan un ambiente de negocios justo y competitivo. Queremos que todos los sectores afectados por estas medidas tengan voz en el proceso legislativo. Esta mesa de trabajo ha sentado las bases para una discusión abierta, inclusiva y efectiva que realmente responda a las necesidades del sector y del consumidor puertorriqueño”, concluyó Moran.

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