(SAN JUAN – jueves, 21 de abril de 2022) La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, informó que el Proyecto 899 de su autoría, fue aprobado este martes pasado de manera unánime en la sesión de ayer, y ahora pasa al Senado para su evaluación. “Esta es la medida para crear la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores. La misma busca establecer regulaciones y obligaciones para toda la cadena de distribución en la Industria del Gas Licuado. Incluyendo la desvinculación de los mayoristas en las operaciones de los negocios de distribución o venta al detal”, señaló la legisladora.
Cónsono con ello, la pieza legislativa obliga a los importadores y distribuidores, que en un termino no mayor de 18 meses, deberán disponer de aquellos negocios en los que exista algún tipo de relación con la venta al detal. Obligando a crear un mercado de libre competencia y con mayores opciones para el consumidor. Además, exige la obligación de proveer facturas detalladas a cada cliente, lo que permite una mejor fiscalización por parte de la agencias de gobierno. “Por último, se le impone un término de noventa (90) días al Departamento de Justicia (DJ) para que investigue los referidos que reciba sobre asuntos relacionados a la industria del gas licuado y que pudieran constituir acciones monopolísticas. De esta manera, nuestra meta es promover la protección y seguridad de nuestros consumidores. Recordemos que la industria del gas licuado del petróleo es una vital en la vida del puertorriqueño, toda vez que se estima que unas 600,000 familias lo utilizan para la preparación de sus alimentos diariamente. Este es un asunto de seguridad energética y alimentaria del país, por lo que no podemos permitir que se siga afectando la economía del puertorriqueño y poniendonel riesgo el futuro del país”, argumentó Martínez Soto.
El P de la C 899 señala además la importancia de garantizar que los consumidores de gas licuado reciban un trato justo y no sean víctima de conductas comerciales depredadoras, sobre todo en tiempos de crisis como lo ha representado la pandemia de Covid-19. “Precisamente durante esta pandemia, fue motivo de cobertura de los medios noticiosos el hecho de que para diciembre de 2020 el precio del gas licuado aumentó en $3.00 por tanque de cien (100) libras. Ello, sin cumplir con los procesos establecidos por el DACO para estos asuntos. Este tipo de actos aportan a la incertidumbre que ya colmaba a los puertorriqueños a causa de los estragos económicos y la pérdida de vidas causada por la pandemia”, señaló la legisladora del distrito 27 que cubre los pueblos de Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas.
La situación de la venta de gas licuado en Puerto Rico es una particular, ya que para 2019, la empresa Puma abandonó el mercado del gas licuado, quedando el mismo en manos de dos empresas: Empire Gas, quien controla el 75% del mercado, y Tropigas, que controla el 25%, se señala en el proyecto de ley. “Esto es de suma preocupación, pues dicha constitución del mercado provee las condiciones perfectas para que se de un monopolio, se establezcas precios arbitrariamente, y se vulneren los derechos de los consumidores. Cabe destacar que la Oficina de Asuntos Monopolísticos después de una extensa investigación y revisión de documentos, determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado estaba incurriendo en prácticas ilícitas de discrimen en precios”, argumentó Martínez Soto.
En su análisis de la medida, DACO señaló varias situaciones prioritarias atendidas en la medida. En cuanto a los importadores, DACO indicó que entregan facturas en blanco a los distribuidores y detallistas, se niegan a cumplir sus órdenes, así como a proveer la información requerida para la adecuada fiscalización, cuestionando la facultad de la agencia para requerir información y para imponer márgenes máximos de ganancia. También señalan que muchos de los distribuidores y detallistas no entregan recibos a los consumidores ni tienen visible los precios de venta de los cilindros antes de que se perfeccione la venta. “Estas prácticas, además de representar un obstáculo para que el DACO pueda llevar a cabo las funciones que le han sido delegadas en las leyes anteriormente mencionadas, también constituyen una falta de certeza y transparencia hacia los consumidores y deben ser erradicadas”, finalizó la legisladora.
