(San Juan, PR – 8 de marzo de 2021) – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que presentó un Plan de Ajuste enmendado para reestructurar aproximadamente $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados (SRE); y más de $50,000 millones en deuda de pensiones.
El plan enmendado, presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, provee un camino para salir de la quiebra tan pronto como este año y sienta las bases para la recuperación y el crecimiento económico de Puerto Rico. El plan enmendado reduce de manera sustancial la deuda y los pagos del servicio de la deuda del gobierno de Puerto Rico, y aún más cuando se compara con el anterior Plan de Ajuste radicado en febrero de 2020. Los términos del plan enmendado reflejan los efectos acumulativos de la pandemia
de COVID-19, la recesión en curso y una serie de desastres naturales en los últimos años en Puerto Rico y su economía.
«PROMESA le dio a Puerto Rico una oportunidad única: un camino ordenado para reducir su deuda a niveles sostenibles», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel». Esta oportunidad no existía para Puerto Rico ni para ningún estado. El Plan de Ajuste que proponemos al tribunal para su
aprobación se basa en esta oportunidad. Es un paso hacia adelante para la recuperación, estabilidad y prosperidad de Puerto Rico. Este plan reduce de manera sustancial la carga del pago de la deuda a futuras generaciones, estabiliza y protege las pensiones que han sido mal administradas durante tanto tiempo y afirma los acuerdos de negociación colectiva de los trabajadores gubernamentales.
Estos elementos son esenciales para que Puerto Rico salga de la bancarrota de una vez y por toda, y se encamine hacia un mejor futuro».
El plan incluye tres acuerdos de apoyo: el acuerdo con los bonistas de obligación general (GO) y de la AEP alcanzado el mes pasado, el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), y el acuerdo con los Servidores Públicos Unidos del Consejo 95 de Puerto Rico (SPU)/Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) para proteger las
pensiones a largo plazo y asegurar los acuerdos de negociación colectiva.
«El Plan de Ajuste enmendado es un contrato entre un grupo diverso de partes interesadas – PuertoRico, sus retirados, un grupo de empleados públicos y ciertos bonistas – para ayudar a Puerto Rico a manejar su deuda de manera sostenible, restaurar las contribuciones de los empleados del Sistema 2000, proteger futuras pensiones al financiar un Fideicomiso de Reserva de Pensiones y equilibrar
su presupuesto», dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.
«Este grupo diverso de tenedores de bonos está de acuerdo con que es hora de seguir adelante, de sanar, de construir y de hacer crecer esta economía. La quiebra ha tenido un gran impacto en el pueblo de Puerto Rico, y el plan enmendado le permite al país pasar la página». Los elementos principales del plan incluyen la reestructuración de la deuda del gobierno central, la AEP y del SRE; las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado, basadas en ingresos histórica y condicionalmente apropiados a ciertas instrumentalidades; y las reclamaciones generales no garantizadas contra el Estado Libre Asociado, la AEP y el SRE.
El plan representa unas concesiones importantes de parte de los bonistas y otras partes que mantienen reclamaciones contra el Gobierno, y ahorra cantidades significativas en el servicio de la deuda que pueden ayudar a proteger las pensiones y los servicios gubernamentales críticos. Ø El plan reduce la deuda pendiente del Estado Libre Asociado y otras reclamaciones en casi un 80%, de $35,000 millones a $7,400 millones en nueva deuda de GO. Ø El plan asegura un servicio de deuda anual sostenible y asequible de menos del 8% de los ingresos de origen propio del año fiscal 2020 al reducir el servicio máximo de deuda anual de hasta $4,200 millones a $1,1500 millones, y pone a disposición más de $3,000 millones por
año para los servicios que necesita el pueblo de Puerto Rico.
El plan reduce los pagos totales del servicio de la deuda del Gobierno (incluidos los bonos senior de COFINA) en más de un 60%, de $90,400 millones a $34,100 millones, con un ahorro de unos $60,000 millones en pagos de servicio a la deuda. El plan enmendado cuenta con un apoyo sustancial de los acreedores. Los tenedores de más de $13,000 millones de bonos han firmado ahora el Acuerdo de Apoyo al Plan de GO y de la AEP, lo cual
representa más del 70% de las reclamaciones agregadas de GO y la AEP.
El plan incluye los acuerdos que la Junta de Supervisión alcanzó previamente con COR y con un grupo de empleados gubernamentales actuales representados por el Consejo 95 (SPU)/AFSCME. El acuerdo con los retirados reestructura la deuda de pensiones para permitir su sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que garantiza que más del 80% de los jubilados no tengan ninguna reducción. En términos financieros, eso significa que los retirados, como grupo acreedor, reciben una tasa de recuperación de su reclamación contra el Estado Libre Asociado de más del 95%, por mucho, la mayor recuperación de todos los grupos de acreedores.
El acuerdo incluye una reducción de pensión fija de 8.5% con un límite para que nadie tenga sus beneficios totales de retiro mensuales reducidos a menos de $1,500.
Además, el acuerdo establecería un fideicomiso de reserva de pensiones gestionado de forma independiente para el sistema de pensiones PayGo para apoyar el pago de las pensiones durante los próximos 30 años. Esto provee una certeza considerable de que los ahorros para el retiro de los trabajadores del gobierno de Puerto Rico estarán protegidos en el futuro. Por
último, las reducciones previstas a las pensiones pueden restablecerse si las finanzas públicas superan al Plan Fiscal en $100 millones o más en cualquier año dado; el 10% del exceso se asignaría a los retirados para compensar por la cantidad de reducción a su pensión. El acuerdo con AFSCME/SPU asegura que los acuerdos de negociación colectiva permanecerán vigentes durante cinco años luego de la fecha de vigencia del Plan, para reflejar los términos laborales del Plan Fiscal Certificado y el aumento de las contribuciones de los patronos al plan médico establecido en $170 por mes, en lugar de los $125 provistos en el
Plan Fiscal Certificado. Hasta $1,500 millones de las contribuciones de los empleados al Sistema 2000 se devolverían en su totalidad a los participantes junto con cualquier crédito de intereses que las contribuciones habrían acumulado previo a la bancarrota de Puerto Rico.
Si las finanzas del gobierno superan el Plan Fiscal en $100 millones o más en cualquier año dado, el 25% del exceso se asignaría a los empleados elegibles, de manera que se incentiva a los empleados a ayudar al gobierno a trabajar de manera más eficiente.
