(San Juan, PR – 26 de febrero de 2021) – La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico celebró hoy su 25a reunión y aprobó los dos primeros contratos de energía renovable que encaminan a Puerto Rico hacia un sistema eléctrico más limpio y asequible.
Aumentar la generación de energía renovable es una parte vital de la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico y un requisito bajo la Ley de Puerto Rico 17-2918. Es importante que Puerto Rico comience a aumentar la cuota de energía procedente de fuentes renovables tan pronto como sea posible con contratos competitivos que ofrezcan energía a un precio razonable y asequible.
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) seleccionó a las firmas Xzerta-Tec y CIRO One Salinas LLC para desarrollar 150 megavatios que la Junta de Supervisión fijó como objetivo inmediato para proyectos listos para iniciar. De acuerdo con la evaluación de la AEE, Xzerta-Tec Solar LLC y CIRO One proveen los mayores beneficios a los hogares y negocios de Puerto Rico a precios más bajos.
«La Junta de Supervisión apoya plenamente la conversión de Puerto Rico a energía renovable y ve las aprobaciones de hoy como el primer paso de un proceso exitoso para alejar el sistema eléctrico de Puerto Rico del costoso diesel», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel. «Esperamos que la AEE alcance los objetivos establecidos por la ley de Puerto Rico con procesos competitivos para lograr que la electricidad sea más limpia y asequible».
Por otro lado, la Junta de Supervisión aprobó -condicionalmente- un contrato por la suma de $80 millones por 24 meses, entre el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) con la firma de consultoría Alvarez & Marsal para prestar asistencia con la administración de los fondos otorgados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE). El USDE impuso condiciones específicas a las subvenciones otorgadas al DEPR, exigiendo a esta agencia que solicitara la ayuda de un agente fiduciario de terceros para brindar apoyo, incluido aquel relacionado con las adquisiciones y controles. El DEPR asignó los fondos para pagar por el primer año del contrato, y los integrantes de la Junta de Supervisión aprobaron la propuesta de contrato con la condición de que el DEPR identifique fondos del DEPR para cubrir el costo del contrato en los años venideros.
«La Junta de Supervisión felicita al gobernador Pedro Pierluisi por finalizar este importante acuerdo que permitirá al Departamento de Educación acceder a fondos de importancia crítica del Gobierno Federal», dijo Skeel.
Además, los miembros de la Junta de Supervisión aprobaron recomendaciones enfocadas en las prioridades establecidas por el gobernador Pierluisi, encaminadas a transformar las funciones de administración financiera de Puerto Rico de los sistemas y procesos contables que afectan las operaciones. Las recomendaciones de la Junta de Supervisión incluyen realizar una auditoría combinada de los tres o más años de informes financieros que al momento no están auditados, lo que actualizaría todas las auditorías pendientes por el Estado Libre Asociado.
En el transcurso de los últimos cuatro años, el Gobierno ha logrado algunos avances en el aumento de la transparencia, la aplicación de las reformas de gobernanza necesarias y la mejora de la puntualidad de los informes financieros y de otro tipo. Sin embargo, la institucionalización de la responsabilidad fiscal depende, en parte, de que el Gobierno tome medidas adicionales y cruciales, incluidas las emisiones de las auditorías financieras retrasadas, el desarrollo del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales y la centralización de funciones clave de administración financiera bajo una sólida Oficina del Principal Director Financiero para abordar las necesidades y prioridades financieras en todo el gobierno.
“Durante los últimos cuatro años, ha sido una prioridad para la junta de supervisión producir informes financieros anuales completos. La Junta de Supervisión ha sido consistente en sus mensajesa las administraciones anteriores sobre la importancia de entregar los CAFR en un plazo adecuado”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión. “El gobernador Pierluisi, aunque solo lleva menos de dos meses en el cargo, ha tomado medidas decisivas para corregir esta situación y en el espíritu de colaboración ofrecemos estas recomendaciones basadas en nuestro trabajo y experiencia durante los últimos cuatro años”.
Mientras, la Junta de Supervisión también aprobó una nueva política de conflicto de intereses más rigurosa. Las políticas de gobierno de la Junta de Supervisión continúan evolucionando con los nuevos miembros de la Junta de Supervisión para delinear responsabilidades y mecanismos para la divulgación y mitigación de conflictos de intereses reales y percibidos que un miembro puede tener debido a la posible superposición de sus actividades comerciales en Puerto Rico con los asuntos de la Junta de Supervisión.
«Las políticas de conflicto de intereses robustas son esenciales para la integridad de nuestro trabajo», dijo Skeel. «Mantener las políticas actualizadas no es sólo una cuestión de buenas prácticas, sino que es fundamental para cuán eficaces somos en ayudar con la recuperación de Puerto Rico y cumplir con nuestros mandatos bajo PROMESA».
La Junta de Supervisión aprobó varias solicitudes de redistribución por parte del Gobierno de Puerto Rico, que incluyen para:
- Del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para liberar fondos especiales de ingresos para pagar beneficios de seguro por desempleo, discapacidad y para conductores.
- Del Departamento de Educación para financiar los aumentos salariales de años anteriores a los maestros transitorios.
- Del Departamento de Salud para financiar materiales y suministros para Tratamientos con Opioides.
