Luego que el gobernador Pedro Pierluisi, anunciara ayer que junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, anunciaron que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) radicó la estipulación para la implementación parcial de la Ley 80-2020 “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, para cerca de 1,240 empleados públicos de las leyes 1 y 447 cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos, el primer ejecutivo del País aclaró hoy que la Junta estableció unos criterios para que pudieran tener el 50% del retiro asegurado.
“Esas personas elegibles no podían tener puestos esenciales en el gobierno, ese era un requisito, el otro que el gobierno no vuelva a reclutarlos luego de que se retiren. Esos eran los criterios principales”, dijo el gobernador Pierluisi.
De acuerdo al gobernador, se está hablando de las 1,200 plazas de empleados del Gobierno de Puerto Rico que se acojan al retiro por concepto de la Ley 80.
El domingo, se anunció que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal radicaron la estipulación ante el Tribunal Federal para la implantación parcial de la Ley 80-2020 para empleados cuyas plazas fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos.
Los sobre 1,200 empleados elegibles podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse. Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas. El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024. En las próximas semanas, tanto los empleados elegibles como las entidades gubernamentales estarán recibiendo instrucciones sobre cómo proceder durante el periodo de implementación.
El primer ejecutivo informó que su compromiso con todos los empleados públicos y pensionados es inquebrantable. “Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50 por ciento, a la vez logramos ahorros significativos para el Gobierno. Una vez más cumplimos nuestro compromiso al demostrar la viabilidad de la implementación parcial de la Ley para que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno tras dar los mejores años de su vida al servicio del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.
