“La decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de no reconocer la obligación del gobierno federal con la paridad en el SSI para los residentes en Puerto Rico es, en doctrina constitucional estadounidense, equivocada. Concluir que la protección del derecho al debido proceso de ley de la Quinta Enmienda de la Constitución federal no asiste a los residentes de Puerto Rico y que cede ante los términos de autoridad congressional bajo la cláusula territorial es inaudita.
La propia Juez Sotomayor, en su correcto disenso, concluye que la decisión es ‘irracional y una antítesis a la naturaleza misma del SSI y la igual protección de los ciudadanos garantizada por la Constitución.’ Yo estoy de acuerdo con ella, aún más es un asunto sobre el que los puertorriqueños aportan de sus ingresos. Esa era la única decisión cónsona con el constitucionalismo estadounidense. Se aborrece el discrimen contra los ciudadanos en la otorgación de programas sociales basado en consideraciones sospechosas, como raza, género, religión, etnicidad o como este caso, lugar de residencia. Sin embargo, la decisión mayoritaria mantiene una importante puerta abierta para lograr la justa paridad en el SSI. La misma reconoce que el Congreso y el Presidente, como ramas políticas, tienen la autoridad para establecer la paridad en el SSI de los puertorriqueños.
Durante la campaña presidencial y posteriormente, el Presidente Biden se ha comprometido con la paridad en el SSI. Igualmente lo ha hecho el liderato demócrata en la Cámara y el Senado federal. Llegó el momento de cumplir con la palabra empeñada con Puerto Rico. Los demócratas en el Congreso y el Presidente tienen la obligación de incluir la paridad en el SSI de los puertorriqueños en la legislación de reconciliación que se negocia entre Biden, el senador Joe Manchin y el líder senatorial Chuck Shummer.
El mes pasado estuve en Washington luchando intensamente por este y otros temas importantes para Puerto Rico. En las próximas semanas y de cara a las negociaciones demócratas para el proyecto de reconciliación, redoblaré mis esfuerzos y los del Senado para lograr estos importantes avances para Puerto Rico. Le reclamo al gobernador Pierluisi y a la comisionada residente que se unan sin reservas a este esfuerzo vital para Puerto Rico.
Las expresiones del gobernador, tratando de sacar ventaja ideológica en la discusión de status por de encima del reclamo de miles de puertorriqueños para tener una red de apoyo social adicional es no tener claras las prioridades. Podemos debatir el status pero este es momento de ir a exigir el Presidente y al Congreso que hagan buena su palabra. Yo me concentraré en dar esta lucha importante para los puertorriqueños y exijo lo mismo del resto del liderato político.”
