La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy los términos de un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bono, un gran avance para lograr un Plan de Ajuste para resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda.
Los términos del acuerdo reflejan las negociaciones con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración que la Junta de Supervisión había alcanzado el año pasado, producto de meses de mediaciones supervisadas por los tribunales y luego del análisis del efecto acumulativo de la pandemia de COVID-19, la recesión en curso, y una serie de desastres naturales que han azotado a Puerto Rico y su economía en los últimos años.
El nuevo acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en resumen:
- Reduce $18,800 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los tenedores de bono de GO y AEP en un 61%, a $7,400 millones.
- Reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).
- Provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones.
- Incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020.
«Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
“Creo firmemente que este es el mejor acuerdo que pudimos alcanzar considerando la incertidumbre económica actual, no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo».
El presidente de la Junta de Supervisión agregó que «este nuevo acuerdo coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda».
«El Plan de Ajuste que esperamos presentar el próximo mes se basa -en parte- en este acuerdo con los acreedores, junto con los acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y conciertos sindicatos, así como el resultado de una mediación que continúa con otros grupos de acreedores. El Plan garantizará que Puerto Rico resuelva la insolvencia de una vez y por todas. Ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión: una vez y ya. Tenemos la intención de lograrlo”, manifestó Skeel.
De igual modo, el abogado experto en quiebras apuntó que “alcanzamos el acuerdo presentado hoy gracias a los esfuerzos en buena fe de todas las partes y el liderazgo de nuestra mediadora. Quisiera agradecer a las juezas Barbara Houser y Roberta Colton, así como a su equipo de mediación por su destacado y vital desempeño en este proceso”, dijo Skeel.
El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración. El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de $300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno. Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.
Sin PROMESA, 30 centavos de cada dólar de los impuestos y honorarios que el gobierno cobra al pueblo de Puerto Rico irían a los acreedores. Este nuevo acuerdo reduce aún más los pagos anuales a menos de 8 centavos de cada dólar de lo que el gobierno recauda.
“La reducción en los pagos anuales correspondientes al servicio de la deuda es un logro significativo en el camino hacia recuperación de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. «Junto con la política de deuda legislada el año pasado, que restringe la emisión de deuda incremental para evitar los errores del pasado, este acuerdo establece niveles de deuda sostenibles, le permite a Puerto Rico enfocarse en reformas estructurales y crecimiento, al tiempo que tiene la capacidad presupuestaria para proveer los servicios que las personas necesitan y merecen. Todo esto encamina a Puerto Rico hacia un acceso renovado a los mercados».
De igual modo, en el nuevo acuerdo, la consideración de efectivo/deuda a los bonistas provee una reducción promedio del 27% para los tenedores de bonos de OG y una reducción promedio del 21% para los tenedores de bonos de AEP, además de reducir sus reclamos por el equivalente a muchos años de pagos de intereses.
Dada la considerable incertidumbre sobre el crecimiento económico de Puerto Rico a largo plazo, tras los huracanes, sismos y ahora la pandemia, el nuevo acuerdo incluye un CVI que comparte una porción del rendimiento superior a lo anticipado con los acreedores si la economía de Puerto Rico crece más que las previsiones del Plan Fiscal Certificado en 2020. El CVI utiliza el 5.5% del Impuesto sobre Ventas y Uso de Puerto Rico (IVU) comprometido con COFINA como medida de rendimiento superior. Si el gobierno de Puerto Rico cobrara más IVU del 5.5% proyectado, los acreedores -que son partes en este acuerdo- recibirán 45% del incremento sobre la cantidad proyectada, sujeto a límites máximos anuales y de por vida. Si la economía se desempeña según lo proyectado o cae por debajo de las expectativas, los acreedores no reciben ninguna compensación incremental del CVI.
“Añadir el CVI al acuerdo nos permitió reducir aún más la deuda de Puerto Rico en este tiempo incierto», dijo Jaresko. «La reducción sustancial de la deuda y el aumento del efectivo inicial ahora, en lugar de mayores pagos de servicio de la deuda más tarde le provee estabilidad a Puerto Rico y le quita la carga de pagos excesivos a futuras generaciones. La bancarrota ha estado frenando a Puerto Rico y este es un paso importante hacia la resolución”, expresó Jaresko.
Los miembros de la Junta de Supervisión aprobaron el nuevo acuerdo por unanimidad. Los tenedores de más de 11,700 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras (monolines) Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.
La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
Para obtener más información sobre el acuerdo, visite la página web de la Junta de Supervisión en https://juntasupervision.pr.gov/documents/
Para obtener más información sobre PROMESA y el proceso de reestructuración de la deuda, visite la página web de deuda de la Junta de Supervisión en https://juntasupervision.pr.gov/deuda/
