Junta de Supervisión aprueba nuevo reglamento para compras del Gobierno

 

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció que aprobó un reglamento cuyo propósito es mejorar sustancialmente las prácticas del Gobierno de Puerto Rico en la adquisición de bienes y servicios, así como prevenir las irregularidades e ineficiencias que han plagado el sistema de contrataciones de Puerto Rico durante mucho tiempo.

El Reglamento Uniforme para Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales -requerido por la Ley 73-2019-, que centraliza todas las compras de las entidades gubernamentales, fue propuesto por la Administración de Servicios Generales (ASG) y revisado por la Junta de Supervisión para cumplir con las mejores prácticas, con el Plan Fiscal Certificado y la responsabilidad fiscal que exige PROMESA.
El reglamento aprobado establece un procedimiento único, riguroso y definido para todas las adquisiciones, incluidas las compras excepcionales durante emergencias u otras situaciones en las que el Gobierno debe actuar con rapidez. El reglamento promoverá la competencia en el mercado, la transparencia y la rendición de cuentas, y los controles necesarios en la adquisición de bienes y servicios.

 

“Este reglamento es un gran paso hacia adelante para Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión. “El reglamento le permitirá a Puerto Rico adquirir bienes y servicios de manera eficiente y eficazmente a los mejores precios posibles. La licitación competitiva de bienes y servicios, la contratación transparente y los controles definidos son el principio rector del buen funcionamiento del proceso de adquisición, y eso es lo que permite este nuevo reglamento».

 

“La adquisición de bienes y servicios es como la plomería que se esconde detrás de las paredes de una casa: es esencial para la vida de todos los residentes, pero sobre todo se nota solo cuando deja de funcionar, y cuando no funciona, es peligroso.

 

La plomería defectuosa de Puerto Rico ha causado un daño tremendo. Desde la adquisición de servicios de la red eléctrica de emergencia hasta las compras ineficientes de suministro, la contratación ha sido opaca y problemática, pero el nuevo reglamento establece las reglas, políticas y procedimientos que deberían poner fin a muchas de las deficiencias que resultaron en contratos dudosos”, indicó Jaresko.

 

Muchas de las deficiencias significativas del proceso de adquisiciones del gobierno salieron a la luz durante la revisión de los contratos de compra de kits de prueba COVID-19 por parte de la Junta de Supervisión a principios de este año, lo que reveló la falta de reglas uniformes para las adquisiciones durante una emergencia declarada por el gobierno.

 

La revisión de la Junta de Supervisión del reglamento propuesto por ASG condujo a cambios sustanciales:

• Minimiza lo que califica como adquisición excepcional, permitiendo las compras directas de
bienes y servicios fuera de los procesos normales de adquisición.

• Establece un proceso definido para adquisiciones excepcionales, incluidas compras durante
emergencias.

• Requiere un proceso de nueva licitación cuando no se recibieron ofertas o propuestas en el
proceso de adquisición de contratos ordinarios de bienes y servicios.

• Las licitaciones en formato de libro abierto (también conocido como contratos de costo-más) para requerir que los proveedores incluyan todos sus costos, márgenes y servicios para ayudar en la transparencia de la toma de decisiones.

• Publicación de todas las órdenes de compra, además de todos los contratos, siguiendo el
mismo procedimiento

 

La centralización de las compras es un elemento esencial de la reforma de eficiencia de las agencias gubernamentales delineada en el Plan Fiscal Certificado, para lograr mayor poder adquisitivo y transparencia. Junto con las normas y los procedimientos de adquisición adecuados, se deberían generar ahorros significativos en los presupuestos de las agencias gubernamentales.

 

El reglamento agrega controles y auditorías rigurosos, y sanciones por incumplimiento. El reglamento establece que la junta de revisión se haga responsable de auditar todas las compras excepcionales trimestralmente y de hacer públicas dichas auditorías.

 

El Gobierno de Puerto Rico ahora debe garantizar que el reglamento se implemente y aplique con rigor, al tiempo que establezca un programa de auditoría impecable para asegurar que los controles se implementen por completo y resulten en la transparencia requerida y los ahorros esperados.

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