Desde 2017, la Junta de Supervisión ha sostenido consistentemente que una reforma laboral significativa es un elemento clave para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital. La Ley 41 derogaría incluso las limitadas reformas laborales recientes destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, y en su lugar añadiría requisitos de la legislación laboral que afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico.
Un análisis económico realizado por la Junta de Supervisión concluyó que la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Estado Libre Asociado. La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial.
“Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel. “Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer. La Ley 41 descarrilará el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuirá el crecimiento económico que el pueblo de Puerto Rico merece”.
