Arthur J. González, miembro de la Junta de Supervisión y catedrático emérito de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, testificó hoy ante el Comité del Senado sobre Energía y Recursos Naturales en relación con el Proyecto del Senado 375 y su medida complementaria, el Proyecto de la Cámara de Representantes 1192, la Ley de Precisión en la Divulgación de la Recuperación de Puerto Rico de 2021. El juez González se basó en su experiencia con la interpretación y aplicación de la Ley de Quiebra de los Estados Unidos, y algunos casos de bancarrota de gran complejidad y tamaño como Enron, WorldCom, Chrysler y Sunbeam, que presidió.
«Extender los requisitos de divulgación de las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebra a los individuos profesionales que buscan compensación bajo PROMESA ayudará a evitar conflictos de interés y brindará una mayor transparencia mediante una mayor divulgación», dijo el juez González.
No obstante, el Proyecto de Ley actualmente requiere que se divulguen las conexiones de cada profesional con todos los acreedores. El juez González declaró que una aplicación técnica del término «acreedor» haría que el cumplimiento con la ley fuera prácticamente imposible y extraordinariamente costoso, puesto que más de 165,000 acreedores presentaron formularios de reclamación en virtud del Título III.
«La carga de cumplir con tal requisito probablemente haría imposible que las firmas profesionales más pequeños que no cuentan con el personal realicen un esfuerzo de comprobación cruzada tan masivo a fin de participar en el caso de PROMESA», dijo el juez González. «El impacto más severo lo sufrirían las firmas localizadas en la Isla».
«Limitar la comprobación cruzada a los acreedores con reclamos superiores a cierta cantidad reduciría en gran medida la carga y sería consistente con la práctica establecida en el proceso de divulgación en casos de quiebra del tamaño y la envergadura de los casos del Título III», dijo el juez González.
