En el primer mes del nuevo Congreso la comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó sus tres medidas pilares para allegar ayudas federales a padres, trabajadores, adultos mayores y menores con condiciones especiales. Estas ayudas fomentan el trabajo, son una herramienta para combatir la pobreza y dan un respiro a individuos y sus familias con condiciones de salud que le afectan generar ingresos suficientes para vivir.
Al día siguiente de juramentar, González Colón radicó el H.R. 105 y el H.R. 106, esta última, el “Child Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” busca extender a Puerto Rico el Crédito por Menor (CTC) en las mismas condiciones que se aplica en los estados.
La medida permitiría que las familias trabajadoras con 1 o 2 hijos puedan ser elegibles para recibir un crédito contributivo federal de hasta $2,000 por hijo. El CTC beneficiaría a cerca de 355,000 familias y 404,000 niños, lo que representaría $300 millones anuales. Durante el pasado término del Congreso, se votó extender las condiciones bajo el cual el CTC aplicaría en Puerto Rico.
El H.R. 105 “Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act” presentado por la comisionada, podría significar un crédito anual combinado entre $300 a $8,500 entre la versión federal y la local restablecida en el 2019; estos fondos impactarán a más de 300,000 contribuyentes.
Ambas medidas cuentan con la coautoría de Darren Soto (D-FL). Durante los pasados congresos que la comisionada ha impulsado ambas iniciativas, estas han sido aprobadas por la Cámara en tres ocasiones.
El presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes, Richard Neal, ha expresado en el pasado su respaldo a que estos programas se extiendan a Puerto Rico. La comisionada continúa impulsando la aprobación de estas medidas en este Congreso 117, que se prevé que ambas puedan ser aprobadas en la Cámara.
Las medidas cuentan con respaldo en el Senado siendo el CTC liderado por el republicano Marco Rubio y el EITC por el demócrata Bob Menéndez.
La comisionada también radicó el H.R. 537 para hacer extensivo el programa de Supplemental Security Income (“SSI”) a los residentes de Puerto Rico. La acción de la comisionada se suma a una lista de gestiones que ha liderado en distintos foros por los pasados años para que las personas de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones especiales puedan recibir esta asistencia federal.
La medida bipartita cuenta con la coautoría de Ritchie Torres (D-NY-15), Stacey Plaskett (D-VI-AL), Amata Radewagen (R-AS-AL) y Darren Soto (D-FL-09).
El SSI es un programa federal de asistencia económica que ayuda a individuos con condiciones que afectan el que él o su familia pueda generar ingresos suficientes para vivir. Las personas que cualifican para recibir esta ayuda son aquellos de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales, o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones. El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados.
“A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos al programa para tener derecho a los beneficios del programa. Es tan probable que un ciudadano americano residente en los 50 estados que recibe SSI pague impuestos federales como uno que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal por la única razón de vivir en un territorio. Las necesidades son las mismas, no importa dónde viva la persona”, dijo González Colón.
“Los puertorriqueños, quienes son ciudadanos americanos, sienten el peso de la discriminación todos los días cuando intentan acceder a los beneficios, pero automáticamente se les niega solo porque viven en la isla y no en el continente. La pandemia ha devastado la economía de Puerto Rico y miles están luchando para llegar a fin de mes. Asegurar el acceso equitativo a los beneficios contra la pobreza, como SSI, ayudará a los puertorriqueños a poner comida en sus mesas y aliviará las presiones financieras que enfrentan las familias. Me enorgullece liderar este proyecto de ley con la congresista González-Colón y defender a las familias puertorriqueñas trabajadoras que necesitan desesperadamente nuestra ayuda durante estos tiempos difíciles,” dijo el congresista Ritchie Torres.
El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa. El máximo de beneficios que provee le programa de SSI es $794 mensual por individuo o $1,191 mensual por pareja. Para el 2019, el beneficiario promedio de SSI recibió $551 mensual ($655 para menores con discapacidades).
Según un informe de la GAO sobre Puerto Rico, si aplicara el SSI a Puerto Rico, se estarían recibiendo entre $1,500 millones y $1,800 millones, impactando a más de 354,000 puertorriqueños.
La Administración del Seguro Social preparó un informe donde estimaba, que de aplicarse el programa de SSI en Puerto Rico, la inversión del gobierno federal sería entre $1.8 billones y $2.4 billones por año, por los próximas diez años. Estos números reflejan la cantidad significativa de ciudadanos americanos residente en la isla con necesidades apremiantes que pudieran ser auxiliadas por el gobierno federal, pero se les niega por residir en el territorio.
En el Congreso 115 (25 de julio de 2017) la congresista radicó el H.R. 3226 para extender el SSI a Puerto Rico; así lo hizo en el Congreso 116 (4 de febrero de 2019) y ahora en el Congreso 117.
El 20 de diciembre de 2018, la congresista abogó por la igualdad de condiciones y fondos en los programas federales para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico mediante el recurso de Amiga de la Corte que defendió en el caso USA v. Vaello-Madero en el tribunal federal. La congresista también fungió como amiga de la corte cuando el caso se ventilaba ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Luego de cada decisión judicial la congresista ha emitido opiniones condenando el estatus territorial que imposibilita a los más vulnerable en la isla acceso a ayudas y herramientas de progreso.
El 29 de mayo de 2020 la comisionada residente le solicitó al entonces secretario de Justicia de los Estados Unidos, que permita que la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito sobre el beneficio del SSI sea final y firme y que no solicite una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La congresista también envío una misiva al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden para pedirle que retire la apelación del gobierno federal ante el Supremo sobre la decisión del Primer Circuito en el caso Vaello-Madero.
