Las asignaciones presupuestarias federales para Puerto Rico, habían sido sometidos o defendidos por la comisionada durante el proceso de evaluación de presupuesto de las agencias federales para el año fiscal 2022. Debido a la diferencia entre ambas cámaras en ciertas partidas a nivel nacional, se acordó radicar el H.R. 2471, que consta de los 12 proyectos de presupuestos para el año fiscal 2022, fondos complementarios para apoyar a Ucrania y atender la pandemia de COVID-19.
Las asignaciones dentro del H.R. 2471 suman $1.5 trillones e incluye $730 billones en fondos no relacionados con la defensa y $782 billones en fondos de defensa. Además de los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal 2022 contenidos en la medida, se incluye un proyecto de ley de financiación suplementaria, que destinarían $13.6 billones para apoyar a Ucrania.
El acuerdo bipartita de presupuesto federal para el 2022, que también se le conoce como Ley de Asignaciones Consolidadas de 2022, ómnibus o H.R. 2471, espera ser aprobado por ambos cuerpos legislativos esta semana y pasar entonces a la firma del presidente.
Fondos Medicaid:
“El proyecto de ómnibus aumenta la aportación federal al programa de Medicaid de 55% a 76% durante el año calendario 2022, como lo habíamos conseguido anteriormente. De esta manera, se le da un alivio sustancial al erario puertorriqueño de 21 centavos por cada dólar que se invierte en la tarjeta de salud. También restablece los $200 millones adicionales que habíamos conseguido para aumentar el pago a los proveedores de la tarjeta de salud, quienes llevaban muchos años asumiendo gran parte del costo de nuestro programa de Medicaid al recibir tarifas insuficientes”, explicó la comisionada.
Proyectos comunitarios que impulsó la comisionada residente e incluidos en el ómnibus:
$116,000 para mejorar la seguridad pública en el municipio de Utuado, se solicitaron fondos bajo el programa “Edward Byrne Justice Assistance Grant” (JAG) para equipos tecnológicos, chalecos antibalas, entre otros.
$180,000 a SER de Puerto Rico para financiar un programa para apoyar el desarrollo integral de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista en Puerto Rico desde las edades de 18 meses a 6 años, basado en los principios del Análisis de Comportamiento Aplicado.
$1,500,000 a Boys and Girls Clubs de Puerto Rico para la rehabilitación de una escuela pública en desuso para construir su nueva instalación comunitaria en el Municipio de San Lorenzo.
$300,000 al Municipio de Lajas bajo los fondos de desarrollo comunitario del Departamento de la Vivienda federal (HUD) para construir infraestructura de aguas pluviales en el vertedero público en el Municipio de Lajas y ayudar a extender su uso por 25 años. Esta acción impactaría a los municipios de Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Hormigueros, Guánica, Sabana Grande y Yauco, comunidades de bajos ingresos.
$300,000 al Municipio de Yauco para financiar la construcción de un nuevo pozo y otras mejoras para el sistema de agua comunitario en Barrio Rubias, una comunidad rural de bajos ingresos que históricamente ha carecido de un servicio de agua confiable.
Otros fondos específicos de Puerto Rico incluidos en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2022:
$2,501,805,000 en fondos regulares anuales para el Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico durante el año fiscal 2022, en beneficio de cerca de 1.5 millones de participantes. Estos fondos se ajustaron luego de la evaluación del Thrifty Food Plan en agosto del año pasado.
$84,000,000 en fondos de construcción militar para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen.
$26,000,000 para financiar operaciones y mantenimiento en el Observatorio de Arecibo y continuar esfuerzo de limpieza luego de colapso de la plataforma del radiotelescopio de 305 metros, según solicitado por la Fundación Nacional de Ciencias para su presupuesto del año fiscal 2022.
$22,476,000 al Fondo Federal para Edificios de la Administración de Servicios Generales para mejoras y construcción en el Tribunal federal de San Juan.
$5,479,000 para un nuevo edificio de Operaciones Tecnológicas en las instalaciones de las Antillas de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, en inglés) en San Juan.
$3,940,000 en fondos de operación y mantenimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para el Puerto de San Juan.
$2,150,000 en fondos de investigaciones de USACE para el proyecto de Restauración del Ecosistema Caño Martín Peña, como ya había adelantado la comisionada en agosto del 2021.
$96,266 en fondos del Great American Outdoors Act para el año fiscal 2022 para las necesidades de mantenimiento diferido en el Bosque Nacional El Yunque. La comisionada ha estado impulsando estos fondos en conversaciones con el personal del Yunque.
$500,000 al Servicio Geológico de los Estados Unidos para los mapas de riesgo sísmico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. La comisiona impulsó el financiamiento de fondos para actualizar estos programas, una enmienda suya al proyecto de presupuesto original fue aprobada el año pasado.
Lenguaje: “El acuerdo continúa con nada menos que el nivel promulgado para el mapa nacional de amenazas sísmicas, incluida la expansión a Puerto Rico y las Islas Vírgenes… Además, el acuerdo reconoce la preocupación de que las actualizaciones de los mapas nacionales de amenazas sísmicas no incluyen de manera consistente la todo el país e insta al Servicio a actualizar los mapas de los 50 estados y proporciona $500,000 para los mapas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes”.
$150,000 en fondos de operación y mantenimiento de USACE para la inspección de obras terminadas en Puerto Rico.
$100,000 en fondos de operación y mantenimiento de USACE para estudios de condiciones de proyectos en Puerto Rico.
Violence Against Women Act (VAWA)
La comisionada residente celebró la reautorización y modernización de la Ley VAWA en el paquete, que estaba obsoleta desde el 2013. Como copresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso, esta legislación es respaldada por la comisionada, ya que a través de la misma se asignan fondos a programas de violencia doméstica, de los cuales se beneficia la Isla.
La medida fortalecería los programas existentes para apoyar a los sobrevivientes y para prevenir y responder a la violencia doméstica, incluyendo violencia de pareja, agresión sexual y acecho, y expandiría los servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, incluidos sobrevivientes en comunidades rurales, y LGBT, así como sobrevivientes con discapacidades, y fortalecería la respuesta de la justicia penal a la violencia doméstica.
Aprobada por primera vez en 1994, VAWA consagra las protecciones legales para las víctimas de violencia doméstica y sexual. Luego, ha sido reautorizada y actualizada en 2000, 2005 y 2013.
