20 de octubre de 2023- San Juan, Puerto Rico-Las acciones de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para garantizar acceso a servicios de salud en Puerto Rico, han logrado que sobre 1.5 millones de pacientes mantengan su cubierta bajo la tarjeta de salud y expandir los beneficios bajo el programa, aumentar el pago a proveedores, se consiguiera acceso igual que los estados en todos los programas de salud durante la pandemia y se tengan las herramientas para aliviar la carga económica que representan los costos de energía, entre otros.
Aunque la comisionada fue exitosa en asegurar que Puerto Rico fuese incluido en igualdad de condiciones en los programas de ayuda a proveedores de salud durante la pandemia, puntualizó dos ejemplos específicos en donde obtuvo ayuda adicional para Puerto Rico y que su impacto económico benefició, de manera directa, a los proveedores de salud: Medicaid y energía.
“Los altos costos operacionales y las bajas tasas de pagos en programas federales afectan la capacidad de nuestro sistema de salud para ser resiliente ante emergencias y desastres naturales. Es por ello que, nuestra agenda congresional se ha enfocado en estabilizar nuestro sistema de salud de Puerto Rico, desde mejorando el financiamiento federal de los servicios de salud en la isla hasta conseguir el financiamiento necesario para establecer un sistema de energía que permita la continuidad de operaciones de todos los sectores, incluyendo los hospitales”, señaló González Colón durante la Convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
Financiamiento para mejorar la red eléctrica
La congresista indicó que la carga económica y los riesgos que presenta un sistema de energía inestable y oneroso también son amenazas al acceso a la salud, por lo que se debe atender el asunto energético como prioridad.
Bajo la incumbencia de Jenniffer González como comisionada residente, Puerto Rico ha recibido para la reconstrucción del sistema energético cerca de $17.1 billones distribuidos de la siguiente forma: $4.9 billones bajo los fondos regulares para reparaciones de emergencia bajo la Asistencia Pública de FEMA; $1.8 billones bajo el programa CDBG-DR de Vivienda federal para mejorar la red eléctrica bajo la Ley de Presupuesto Bipartita de 2018; $9.4 billones para la AEE bajo la Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA (FAASt, por sus siglas en inglés),) en 2020 que sería para reconstrucción permanente a largo plazo del sistema; $1 billón en el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía, aprobado en la Ley de Presupuesto Consolidado de 2023; y acceso a más fondos bajo la Ley Bipartita de Infraestructura, entre otras.
Además de fiscalizar el desembolso de estos fondos y reclamar la celeridad en su uso, González Colón ha solicitado a la secretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm, ayudar a los hospitales de Puerto Rico, a través de programas de préstamos, subvenciones o créditos, a establecer sistemas alternos permanentes de generación de energía para que sus operaciones puedan continuar ininterrumpidamente en tiempos de crisis.
Dichos sistemas permitirían a los hospitales reducir los costos operativos y dirigir estos fondos para brindar mejores servicios a sus pacientes y ser ejemplos de iniciativas energéticas para otras industrias e instituciones. Una de las fuentes de fondos identificadas por González Colón, son el $1 billón para el Fondos de Resiliencia Energética de Puerto Rico, aprobado en diciembre pasado.
Estabilizar el programa de Medicaid
Teniendo como prioridad asegurar que sobre 1.5 millones de pacientes en la isla puedan contar con una cubierta de salud, González Colón ha liderado esfuerzos en la capital bajo tres distintas administraciones en Puerto Rico, dos administraciones en Casa Blanca y tres en el Congreso donde ha incluido al sector público, sector privado y sin fines de lucro. Esto ha resultado en asignaciones federales históricas que han estabilizado el programa de Medicaid, como en el 2017 con $295.9 millones, en el 2018 con $4.9 billones, en el 2019 con $5.3 billones para dos años; y en el 2022 con $19 billones para cinco años.
Además, logró aumentar la aportación federal al programa o FMAP de un 55% a un 76%, así aliviando la carga económica del gobierno de Puerto Rico.
Los fondos federales adicionales y el aumento en la aportación federal desde el año fiscal 2019 han permitido que el programa Medicaid de Puerto Rico pueda aumentar los pagos a los proveedores, incluido un aumento de los pagos a los hospitales a sobre el 90% del programa de tarifas de Medicare; aumentar el nivel de pobreza de elegibilidad para Medicaid y, por lo tanto, disminuir el número de pacientes sin cubierta médica.
Aumento en el financiamiento de programas de salud
La congresista también destacó dos iniciativas de salud para esta sesión del Congreso que persiguen aumentar la compensación de los proveedores de salud en Puerto Rico: La “Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare,” (H.R.4027) y “Ley para la Integridad del Programa de Medicare Advantage” (H.R.4411).
La “Ley de Justicia en la Inscripción de la Parte B de Medicare,” (H.R.4027), persigue eliminar las penalidades por inscripción tardía de la Parte B de Medicare para personas que residen en Puerto Rico, al extender el período de inscripción inicial de 7 meses a 5 años.
Muchos puertorriqueños terminan pagando penalidades por desconocimiento que tienen que inscribirse dentro de un periodo limitado o por preocupaciones por el costo de la prima, a diferencia de las reglas en los Estados que proveen para la inscripción automática. Mientras esto se traduciría un beneficio a cerca de 39,000 beneficiarios que pagan multas de por vida que exceden los $20.3 millones al año, también permitirá que personas que no se inscriben en la Parte B debido a las penalidades lo puedan hacer. Esto, en vez, se traduciría en mejor remuneración para proveedores ya que la Parte B de Medicare provee para pagos mas altos que otras cubiertas de seguro.
La “Ley para la Integridad del Programa de Medicare Advantage (MA)” (H.R.4411), busca establecer unos parámetros nacionales para asegurar que las primas de MA sean adecuadas y que representen mejor los gastos de servicios de salud en jurisdicciones con una alta penetración de MA.
Mientras Puerto Rico tiene la penetración de MA más alta en los Estados Unidos, recibe también las primas más bajas de la nación, un 41% más bajas que el promedio nacional (frente al 24% en 2011). Esto ha impedido reembolsos adecuados a los proveedores en Puerto Rico, lo que ha provocado un éxodo masivo de proveedores hacia los Estados Unidos continentales y una erosión general de la infraestructura de atención médica de Puerto Rico. Esta ley obligaría a los planes MA a dirigir el 50% del aumento resultado de estos parámetros para aumentos en los pagos a los proveedores de servicios de salud.
