Jenniffer González defiende legislación de su autoría para flexibilizar ayudas a damnificados

17 de noviembre de 2020- Washington, D.C.-La comisionada residente, Jenniffer González Colón, continúa defendiendo facilitar la asistencia a las víctimas de desastres al pedir el voto a favor, hoy en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal, de dos medidas de su autoría: H.R.2914, que brindaría flexibilidad para demostrar la titularidad de una propiedad al solicitar fondos federales para desastres y el H.R. 595, que evitaría revictimizar a los damnificados de un desastre.

El HR 2914, Ley del 2020 para Viviendas para Sobrevivientes de un Desastres Mayor, fue presentado por el congresista por Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat y la comisionada González Colón.

“El huracán María sacó a relieve deficiencias en los trámites de agencias gubernamentales, donde impedían que la ayuda que se creó para atender emergencias llegara a quienes más lo necesitaban. Esta legislación busca corregir una de esas deficiencias al flexibilizar los requisitos con relación a títulos de propiedad y prueba de residencia para que los damnificados pueden reclamar las ayudas que aún necesitan”, explicó González Colón.

Este proyecto de ley aumenta la lista de documentos considerados por Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) cuando administra la asistencia de vivienda, y aumenta la probabilidad de que los residentes de la isla y otras víctimas de desastres naturales reciban asistencia para la recuperación de la vivienda cuando sea necesario. Esto es parte de las discusiones que ya la congresista ha sostenido en las vistas públicas de la Cámara federal con FEMA y las reuniones con los funcionarios de HUD, pero lo convierte en una instrucción directa.

El H.R. 2914 también incluye lenguaje para que se confeccione un informe sobre el Programa de Asistencia para Vivienda por Desastre y su efectividad. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias decidió no utilizar el Programa de Asistencia para Vivienda por Desastre en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María, ya que la agencia busca otros programas más eficientes para satisfacer de manera más efectiva las necesidades inmediatas de los afectados por los dos huracanes.

Por otro lado, el H.R. 5953, Ley de Prevención de la Revictimización por Desastre, evitaría que FEMA pueda recuperar los fondos de asistencia por desastre previamente otorgados a personas y familias que solicitaron fondos federales después de haber sido afectados por desastres naturales.

La medida fue radicada por el líder republicano en el Comité de Transportación e Infraestructura, Sam Graves, y cuenta con la comisionada como autora original. La medida impediría que FEMA le quitara la ayuda ya aprobada a las víctimas de desastres naturales y que gastaron el dinero para ayudar a reconstruir y recuperarse.

“Esta legislación responde a la mala administración de fondos por parte de FEMA y sus malas prácticas de mantenimiento de registros, que no son culpa de los afectados por desastres naturales. FEMA debe estar allí para apoyar a las personas y familias cuando más lo necesitan, no para volver a victimizarlos cuando comienzan de nuevo”, dijo la congresista.

González Colón añadió que “Puerto Rico fue devastado por los huracanes Irma y María y la subsecuente actividad sísmica con más de 9,318 terremotos solo en el último año, el más grande fue de una magnitud de 6.8. Se han otorgado más de $60 mil millones en fondos para la recuperación de desastres a Puerto Rico y a los damnificados. ¿Cómo podemos decirles a los que están reconstruyendo que parte de los fondos se les dio por error? ¿Cómo pretender el gobierno federal recuperar los fondos que ya se utilizaron para comprar materiales para reconstruir una casa? No puede. Esta legislación asegura que nuestra gente no se afecte por los errores de FEMA”.

El H.R. 2914 y el H.R. 595 se suman otras medidas que impulsa la comisionada para hacer más efectiva la respuesta federal ante desastre tales como el H.R.4358 y el H.R.8266.

El H.R.4358, Ley para mejorar la evaluación preliminar de daños de 2020, instruye a FEMA a presentar al Congreso un informe que describa el proceso preliminar de evaluación de daños, como lo llevó a cabo FEMA en los cinco años anteriores a la promulgación de esta ley; y establecer equipos de evaluación de daños dentro de FEMA para llevar a cabo evaluaciones preliminares de daños con los gobiernos estatales y locales y las organizaciones de ayuda o asistencia por desastre apropiadas.

El H.R.8266, Ley de asistencia de ayuda de FEMA de 2020, busca modificar la aportación federal de cierta asistencia de emergencia relacionada con COVID-19. Específicamente, el proyecto de ley prevé que la aportación federal sea de del 100% en virtud de la declaración de emergencia emitida por el presidente el 13 de marzo de 2020, relacionada con COVID-19 y cualquier declaración de desastre importante posterior que la reemplace; y al menos un 90% del costo compartido federal de la asistencia proporcionada para cualquier emergencia o desastre mayor declarado por el presidente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Con respecto a la declaración de emergencia emitida el 13 de marzo de 2020, el presidente puede brindar asistencia para actividades, costos y compras de gobiernos estatales o locales o de los propietarios u operadores de organizaciones privadas sin fines de lucro elegibles, incluyendo, entre otras cosas costos de reabastecimiento para los socorristas y otros empleados esenciales que están enfermos o en cuarentena.

La medida proveería un aumento en los costos operativos de los servicios gubernamentales esenciales debido a dicha emergencia; costos asociados con el mantenimiento de instalaciones alternas de cuidado o instalaciones relacionadas que están actualmente inactivas, pero relacionadas con necesidades futuras vinculadas a la pandemia; equipo de protección personal y otros suministros y servicios críticos para los socorristas y otros empleados esenciales; y costos de adquisición y distribución de alimentos a las personas afectadas por la pandemia a través de redes establecidas por gobiernos estatales, locales o tribales u otras organizaciones.

 

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