Luego que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal en la que se imputaban cargos a 25 personas por conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados y defraudar a los Estados Unidos. En una acusación formal separada, otra persona fue acusada de distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados. En un instrumento de acusación separado, otra persona fue acusada y se declaró culpable de distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, señaló que no es el caso común que presentamos al pueblo de Puerto Rico. El trabajo coordinado con las agencias municipales, estatales, federales aquí en Puerto Rico; pero de otra manera. Cuando vemos unas personas que por el lucro y por ese dinero que no le corresponde violento laceró con actos irresponsables a lo que es el pueblo puertorriqueño y a cada ciudadano.
“Tenemos que pensar. Lo primero que me viene a la mente son los adultos mayores que van a estas farmacias a buscar sus medicinas. A los papás a las mamás que van a buscar las medicinas de sus hijos. Y si lo ponemos en esa perspectiva, tenemos que decir que hoy celebramos 25 órdenes de arrestos; que logramos detener esta organización donde también se afecta la economía del sistema; tenemos que llevar el mensaje claro de que esto no puede volver a suceder. Como dijo el Fiscal del Distrito Stephen Muldrow a las farmacias a los empleados, a cada uno de los ciudadanos que tienen información que antes que se le toque a la puerta que venga y provean la información”, dijo el funcionario.
Para el titular del DSP “Hoy es un día lamentable para Puerto Rico y para la confianza del pueblo”.
Según los documentos judiciales, desde 2018 hasta el presente, los acusados participaron en la distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados para obtener un beneficio económico. Esta distribución mayorista sin licencia incluía la venta de medicamentos recetados, mal etiquetados y desviados a empleados y propietarios de farmacias locales para su posterior venta a clientes de las farmacias, sin que los clientes supieran que los productos estaban mal etiquetados y desviados
