(San Juan, PR – 6 de diciembre de 2023) – El representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, reaccionó al estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa que concluyó que la aplicación de las leyes y reglamentaciones estatales destinadas a eliminar la corrupción en Puerto Rico es insatisfactoria, evidenciando una crisis sistémica dentro del aparato gubernamental.
«Estas deficiencias, destacadas en el estudio y observadas por las pasadas décadas, son la razón detrás de los proyectos 1701 y 1702, radicado con el propósito de mejorar nuestra eficiencia en la lucha contra la corrupción y promover la transparencia en Puerto Rico», señaló Ferrer Santiago.
Enfatizando la importancia de la aprobación de estos proyectos, el legislador afirmó que «representan un paso crucial en nuestros esfuerzos por restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones gubernamentales».
Ferrer Santiago, quien también preside la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, subrayó que este estudio reafirma la necesidad de reconocer las ineficiencias y politización en las actuales agencias anticorrupción, que han creado una cultura de impunidad.
De hecho, el estudio reveló que la aplicación de la penalización y ejecución de la ley fue deficiente en los 12 artículos evaluados, abarcando conductas como soborno, malversación de fondos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, encubrimiento y protección de testigos.
Recalcando la magnitud del problema, Ferrer Santiago mencionó que «la corrupción representa un 10% del presupuesto general, además de los $180 millones que han representado estas agencias en la última década».
Los proyectos radicados son el PC 1701, que fue aprobado en Cámara, y tiene como objetivo la creación de la «Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico» que busca unificar y fortalecer los esfuerzos gubernamentales actualmente dispersos en varias entidades gubernamentales; y el PC 1702 que crea un nuevo “Código Anticorrupción”.
El legislador indicó que ambos proyectos se presentan como respuestas contundentes para enfrentar la corrupción en la Isla.
“La meta es reducir la burocracia, aumentar la eficiencia y ahorrar recursos en la investigación, litigación y procesamiento de casos de corrupción y violaciones a la ética gubernamental. La creación de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) será una entidad independiente con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional, liderando la persecución de delitos de alto perfil cometidos por actuales y ex servidores públicos”, recalcó el representante.
Ferrer Santiago concluyó diciendo que «nadie está por encima de la ley, y la corrupción debe ser combatida sin importar su origen. Debemos hacer justicia y castigar a los verdaderos corruptos, sin agendas ocultas y sin intentos de socavar o manipular nuestra democracia».
Los Proyectos de la Cámara 1701 y 1702 ahora se encuentran ante la consideración del Senado de Puerto Rico.
