(19 de diciembre de 2020 – La Fortaleza, San Juan) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced presentó ante la Asamblea Legislativa una medida para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de Puerto Rico para establecer sus funciones, deberes y responsabilidades, facultada para implantar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000”.
“El Censo de 2010, reflejó que aproximadamente 900,000 personas padecen de algún tipo de impedimento, representando cerca de una cuarta parte de la población de la isla. Son personas que podrían potencialmente obtener servicios de esta entidad”, destacó la gobernadora.
La medida indica que desde el año 2012, durante un proceso de monitoreo de la Administración sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AIDD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, notificaron al Gobierno de Puerto Rico que estaba en incumplimiento con los requisitos establecidos, estableciendo que era una entidad en “estado de alto riesgo” y que podrían perderse una cantidad millonaria de fondos federales si no se corregía la situación.
Con miras de resolver las fallas que fueron señalados en otra monitoria más reciente, en el año 2019 la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico estableció una Sindicatura en el componente administrativo de la Defensoría de Personas con Impedimentos. A través de esta Sindicatura, se presentó un plan de acción correctiva, que fue aprobado por el Gobierno Federal y se ha logrado implantar el PAC para corregir varios de los señalamientos. No obstante, aún faltaba garantizar el que haya una entidad independiente, para poder eliminar la clasificación de “high risk” en Puerto Rico.
“Para atender la situación crítica descrita, es urgente la aprobación de un proyecto de ley con el cual se establezca una entidad pública independiente para implantar las salvaguardas necesarias para el manejo de los fondos y diferenciando los servicios de la Defensoría, con una Junta de Directores exclusivamente para dicha entidad. La implementación de un programa federal exigido para la subvención de los fondos, no pueden depender de las decisiones administrativas del estado ni afectarse por la dinámica y controversias de la dirección de la Defensoría ni cualquier otra entidad que brinde servicios, como ha sucedido hasta el momento”, lee la medida.
“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable con las personas con impedimentos, quienes se verían afectados de no tomarse las medidas correctivas que garanticen los fondos federales que sirven para atender sus necesidades. Con esta ley, se viabiliza una política pública enfocada en aumentar la autonomía y la fiscalización, rendición de cuentas y poder proteger los derechos de las personas con impedimentos”, agregó la primera ejecutiva.
De aprobarse la medida se crearía la Oficina de Protección y Defensa de Puerto Rico como una entidad independiente que opere exclusivamente, conforme los requerimientos de las leyes federales, lo que logra además que los fondos no están catalogados como “high risk”, ya que se darían por cerrados los señalamientos que desde hace años se le habían hecho al Gobierno. Además, se mantiene el personal y las facilidades para ofrecer los servicios, garantizando la protección y defensa de todas estas personas.
