29 de marzo de 2025- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico- La gobernadora Jenniffer González ya ha enviado a ambos cuerpos legislativos para su debida radicación, 36 medidas, dos de ellas ya convertidas en ley. Dos de las más recientes buscan prevenir la corrupción pública y privada en los contratos de Alianza Público-Privada con el Gobierno de Puerto Rico y otra crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico.
La medida con el número de Administración 32 (A-032) busca enmendar el Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas” para que en todo contrato, subasta, licitación y, particularmente en contratos de alianza, se incluya certificación, en la cual la persona o empresa que interesa tener o luego obtenga un acuerdo de alianza público-privada con el Gobierno de Puerto Rico, establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, entidades relacionadas ni exempleados; para establecer la facultad de reglamentar.
“Seguimos cumpliendo con nuestro programa de Gobierno que le ofrecimos al pueblo, en donde nos comprometimos en hacerle frente a la corrupción y esta medida es parte de esos esfuerzos ya que tiene como objetivo prevenir la corrupción y la posibilidad de que el Pueblo de Puerto Rico pague en sus facturas de luz por las ineficiencias y contratos a sobreprecio. Con esto en mente, se busca extender a las empresas energéticas las prohibiciones de las leyes locales anti-nepotismo que prohíben la contratación de familiares o exempleados en el servicio público; y prohibir contratos a otras empresas relacionadas a exdirectivos, a menos que no sean la única y mejor opción en términos de precios y servicios”, explicó González Colón.
Para que se permita un contrato con una empresa relacionada o de un exdirectivo, será necesario que se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer los servicios y que no existe otra compañía a nivel nacional o mundial que pueda ofrecer los servicios a un costo similar. Toda excepción deberá constar por escrito en el acuerdo de alianza y será aplicada de la manera más restrictiva posible.
Además, se facultará al Contralor de Puerto Rico y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (así como a cualquier entidad gubernamental que establezca normas sobre el contrato de alianza con el gobierno) a adoptar normas para cumplir con estos cambios.
Por otro lado, la medida de Administración 36 (A-036) crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico como el ente cuasi-judicial exclusivo encargado de la adjudicación de controversias laborales en Puerto Rico.
Con la creación de la Junta, se consolidan funciones actualmente dispersas entre la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), centralizando la adjudicación de controversias laborales para mejorar la eficiencia y agilidad del sistema, eliminando duplicidades, modernizando procesos y promoviendo transparencia y acceso a la justicia laboral.
La medida también dispone para la transferencia de fondos, propiedad y el traslado de recursos humanos al nuevo ente y atempera el ordenamiento jurídico vigente con la nueva estructura y la política pública del Gobierno de Puerto Rico.
“El objetivo de la medida es fortalecer los derechos de los trabajadores y patronos mediante procesos uniformes, expeditos y accesibles. Además de optimizar los recursos públicos, mejorar la calidad del servicio, e impulsar la confianza pública mediante mayor transparencia y rendición de cuentas. La existencia de múltiples foros conllevaba decisiones contradictorias sobre temas similares. La Junta permitirá unificar criterios y promover seguridad jurídica y estabilidad laboral, tanto en el sector público como privado”, explicó la gobernadora.
El proyecto también establece términos concretos para la atención y resolución de casos; promueve la digitalización de trámites, incluyendo radicación electrónica y el uso de tecnologías emergentes. Con la consolidación de oficinas, personal y estructura administrativa, se eliminan gastos operacionales duplicados (rentas, sistemas, equipo, etc.). Además, el proyecto transfiere empleados con estatus de carrera a la nueva Junta, respetando todos sus derechos previamente adquiridos.
