(SAN JUAN – jueves, 24 de marzo de 2022) El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, lamentó que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetara una medida que hubiera procurado un proceso más justo para las personas acusadas de delito. “El Proyecto de la Cámara 459 pretendía que enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal del 1963, con el fin de añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada”, señaló el representante.
Durante el proceso de vistas públicas, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, por medio de su presidenta, la licenciada Daisy Calcaño López, señaló sobre este proyecto, que el derecho a la confrontación que tiene un imputado ante sus acusadores está garantizado en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y en la sexta enmienda de la Constitución Federal. Disponen que en todos los procedimientos criminales el acusado disfrutará del derecho a carearse con los testigos de cargo, y a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor. El derecho a la confrontación debe estar presente en todas las etapas que se inicie un proceso donde la libertad de un ciudadano puede quedar limitada. Al final, lo que se requiere es que la justicia y la verdad prevalezcan”.
El representante abundó diciendo que prohibir o evitar que un imputado pueda tener acceso a las declaraciones juradas que un juez va a usar para hacer una determinación de causa para arresto, lo que provoca es que un imputado inocente no pueda preparar una defensa adecuada. Como consecuencia, ese inocente pueda ser privado de su libertad. “El Colegio de Abogados recomendó la aprobación del proyecto, porque garantiza que no se prive a un ciudadano de su libertad sin poder contrainterrogar a los testigos y conocer la evidencia que está en su contra. Aún así, el Gobernador, siendo abogado, rechazó esta realidad”.
Durante el proceso legislativo, tanto la Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico, como la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la licenciada Mayra López Mulero, apoyaron la medida. De hecho, el Dr. Luis A. Zambrana González, profesor conferenciante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y deponente, señaló que “hay mucho por reformar, pero mientras tanto, lo mínimo que deberíamos hacer es reconocer unas mayores garantías para que nuestros procesos penales sean más rigurosos y menos arbitrarios. Una medida como esta es un paso hacia adelante”.
Finalmente, Aponte Rosario señaló que la misión de la legislatura es promover un mejoramiento en las condiciones de vida de los puertorriqueños, y promover la justicia en todas sus manifestaciones. “En esa misión, desde esta Comisión de lo Jurídico, nosotros vamos a continuar nuestra labor, y denunciando las situaciones que le hacen daño al País”.
