El gobernador Pedro Pierluisi aseguró esta tarde que favorece el reclamo de justicia laboral del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aunque reconoció que otorgar el incremento salarial podría conllevar recortes en otras áreas.
El gremio, que mantiene la universidad cerrada, reclama que se eleve el sueldo de sus miembros que llevan una década cobrando $7.25 la hora al mínimo estatal de $8.50, y que llegue a $9.50 en julio, según la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021).
“Apoyo que se les dé el salario mínimo estatal al personal de la UPR. Estamos haciendo gestiones para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lo permita. Tanto el actual de $8.50 como el de $9.50 del primero de Julio”, indicó Pierluisi a la prensa en Ponce al señalar que ya ha intervenido con el ente fiscal para que eso ocurra, particularmente con el Director Ejecutivo.
Cuando se le indicó que el presidente de la UPR, Luis Ferrao, ha advertido que harían falta $30 millones, Pierluisi respondió que es importante que se conceda el incremento ahora y que se ajuste nuevamente el 1 de julio.
“Estoy haciendo gestiones ante la Junta para que les dé paso”, dijo.
De otra parte, dijo estar esperanzado de que la JSF acoja su propuesta de que los gobiernos municipales no tengan que pagar por el Plan Vital. La JSF se opone a esto.
“No me voy a adelantar a lo que la SJF decida en su momento. Me reitero que el Medicaid es un programa a nivel central y los municipios no deben estar aportando a su costo. No es un programa municipal, es un programa estatal para beneficio de toda la ciudadanía”, dijo al recordar que está defendiendo ante la JSF la ley que le concede a cada gobierno municipal $1 millón por gastos incurridos en el contexto del paso del huracán María.
La JSF objeta esta medida.
Además, la JSF objeta una ley que le concede un trato contributivo especial a médicos.
“Ahora mismo se da ese trato contributivo especial. Se puede dar cuando el secretario de Salud certifica que es un médico de difícil reclutamiento y que es indispensable tenerlo en Puerto Rico”, dijo Pierluisi. “Ahora mismo es ley y tenemos el mecanismo, pero está limitado a lo que he descrito”.
