(San Juan, Puerto Rico – 6 de septiembre de 2024) En respuesta al reciente comunicado de la Junta de Supervisión Fiscal titulado “La disciplina gubernamental es necesaria para mantener presupuestos equilibrados”, Gabriel López Arrieta, candidato a representante por acumulación del PPD, exigió al Gobierno que cese inmediatamente el pago de los salarios de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y reasigne el dinero a la Universidad de Puerto Rico.
López Arrieta, aseguró que la Junta ya cumplió con su mandato bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), por lo que que solicitó que a partir del próximo presupuesto de julio 2025-2026, los $60 millones asignados a la Junta se redistribuyan para la Universidad de Puerto Rico (UPR), una de las instituciones más importantes para el desarrollo social y económico del país.
«Es inaudito que sigamos financiando con $60 millones anuales a una entidad que, por su propia admisión, ha finalizado su misión. El artículo 209 de PROMESA es claro: la Junta debe cesar sus funciones una vez se certifiquen cuatro presupuestos consecutivos balanceados. Esa meta ya se alcanzó, y es hora de que esos fondos se destinen a necesidades más urgentes, como la Universidad de Puerto Rico, que necesita los fondos para fortalecer su oferta a nuestros estudiantes”, afirmó López Arrieta.
El candidato del PPD, señaló que, mientras la Junta de Supervisión Fiscal sigue operando y cobrando salarios exorbitantes, la UPR se enfrenta a grandes retos educativos de cara al futuro para brindar una educación de calidad y mejorar su capacidad para cumplir con su misión de servir al pueblo de Puerto Rico. «No es justo ni sostenible que continuemos financiando una Junta que debería estar en proceso de disolución, mientras nuestra principal institución educativa pública lucha por continuar brindando la educación que la ha caracterizado por tantos años. Los $60 millones que actualmente se destinan a la Junta deben ser reasignados de inmediato al fondo dotal de la UPR y así apoyar la investigación y el desarrollo socio-económico», subrayó.
El líder también destacó que la permanencia de la Junta va en contra del espíritu de la Ley PROMESA, la cual nunca contempló un control fiscal indefinido. «PROMESA no fue diseñada para ser una entidad permanente. El Gobierno de Puerto Rico ha demostrado que puede mantener estabilidad presupuestaria, y es hora de que la Junta de Control Fiscal inicie su proceso de disolución», insistió.
López Arrieta recordó el rol crucial que ha tenido la Legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) en alcanzar presupuestos balanceados y evitar medidas de austeridad más extremas. «Contrario a lo que la Junta sugiere, fue la Legislatura del PPD la que asumió la responsabilidad fiscal necesaria para lograr estos presupuestos balanceados. No podemos seguir permitiendo que la Junta se atribuya un éxito, que ha sido producto del trabajo legislativo del PPD», afirmó.
Finalmente, López Arrieta hizo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal y al Gobierno de Puerto Rico para que respeten las disposiciones de la Ley PROMESA y den inicio al proceso de disolución de la Junta, devolviendo al pueblo de Puerto Rico el control total de sus finanzas.
