[Hato Rey – 23/diciembre/24] En ánimo de gestionar los recursos públicos de manera intersectorial y articulada para atender necesidades sociales complejas, diversas e interrelacionadas, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) y la Oficina de la Procuraduría del Paciente (OPP), firmaron un convenio de colaboración interagencial, así lo anunciaron el director de la agencia, Ever Padilla Ruiz, y la procuradora del paciente, Edna Díaz De Jesús.
Según consta en el documento, el acuerdo surge tras los múltiples retos fiscales, económicos y jurídicos que han experimentado ambas agencias. El convenio afirma que la administración pública se ha visto sacudida con la implementación de recortes presupuestarios y medidas de austeridad dispuestos por la Junta de Control Fiscal, lo que ha limitado su capacidad de respuesta para proteger los derechos fundamentales de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.
“Estamos conscientes de los retos que venimos enfrentando año tras año, por lo que nos unimos para establecer estrategias conjuntas, los lineamientos para compartir información de forma recíproca y la posibilidad de utilizar las instalaciones y recursos que disponen para cumplir cabalmente con los propósitos para los cuales han sido creadas nuestras agencias”, explicó Padilla Ruiz, al añadir que este acuerdo es parte de las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Derechos Civiles con la Academia, las instituciones sin fines de lucro y agencias especializadas del gobierno.
Asimismo, detalló que el mencionado acuerdo establece un plan de trabajo al inicio de cada año fiscal que incluirá un calendario de reuniones, por lo menos, una cada trimestre. Con el acuerdo se fomentarán iniciativas para desarrollar estrategias para compartir recursos especializados, recopilar información precisa, basada en evidencias sobre problemas, deficiencias e incumplimientos de ambas agencias y sobre las entidades con las que interactúan. También promoverá la educación y sensibilización sobre las necesidades de las poblaciones que atienden.
“Esta unión nos permitirá desarrollar un espacio donde se compile, sistematice y divulgue análisis, investigaciones y legislación relativa a los derechos que cada una de las agencias atienden en beneficio de la ciudadanía, servir de herramienta en el análisis y gestión de aquellas políticas que incidan en el bienestar de la ciudadanía”, dijo por su parte, la procuradora.
Por otro lado, la firma del documento brindará seguimiento y monitoreo como plataforma de vigilancia activa de las políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades ciudadanas que evalúan e implementan las agencias, alertará a la ciudadanía sobre problemáticas existentes y/o sobre otras que pudieran surgir en el futuro de no haber intervenciones adecuadas por parte de las agencias públicas o entidades privadas, facilitar la identificación y discusión de los problemas sociales y proponer estrategias para atender esos problemas desde sus especializaciones y competencias.
Ambos funcionarios aseguraron que todas las comunicaciones que se generen sobre las querellas se mantendrán en carácter confidencial. No se divulgará la información confidencial a terceros en ninguna forma, ni se usará la información confidencial para otros propósitos que no sean los dispuestos en el convenio”, reza el acuerdo.
