Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal acusando a 30 pandilleros violentos de los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución. de sustancias controladas y violaciones de armas de fuego, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Esta investigación fue dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), San Juan Strike Force, con la colaboración del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI ), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Al arrestar y procesar a estos acusados, la Fiscalía Federal y sus socios encargados de hacer cumplir la ley están trabajando para defender el estado de derecho y llevar ante la justicia a los delincuentes violentos que aterrorizan a nuestras comunidades”, dijo el Fiscal Federal Muldrow. “El Departamento de Justicia está comprometido a desmantelar las organizaciones criminales violentas, responsabilizar a los pandilleros y buscar justicia para las víctimas”.
“Ante la adversidad, nuestra determinación se fortalece”, afirmó Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA. “Juntos, con determinación inquebrantable y colaboración firme, desmantelaremos estas organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y empañan el tejido de nuestra sociedad. Nuestro compromiso con la justicia no conoce límites y perseguiremos implacablemente a los responsables de perpetuar la violencia y la adicción. Estamos unidos y decididos en nuestra misión de salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos”.
Según el Director del FBI, la investigación reveló que durante la conspiración los acusados y sus cómplices participaron en actos de violencia y tiroteos para asegurar sus operaciones de narcotráfico. Los acusados y sus cómplices en ocasiones utilizaban chalecos antibalas para protegerse cuando participaban en actos de violencia y modificaban armas de fuego para convertirlas en armas automáticas (ametralladoras). Además, los acusados y sus cómplices enviaban por correo piezas de armas de fuego o armas de fuego enteras desde los Estados Unidos continentales a otros miembros de la organización narcotraficante en Puerto Rico.
Los acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de la conspiración de narcotráfico, incluidos líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de drogas, ejecutores, corredores, vendedores, vigías y facilitadores. Los acusados se comunicaban mediante teléfonos móviles, a menudo a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales (incluidos, entre otros, WhatsApp e Instagram). Los acusados se promocionaron a sí mismos, a sus narcóticos, sus armas de fuego, su dinero y su organización de narcotráfico a través de las redes sociales. Estas comunicaciones en las redes sociales incluyeron discusiones sobre la venta de narcóticos y armas de fuego.
