Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal acusando a 34 personas de conspiración para distribuir sustancias controladas dentro del sistema penitenciario de Puerto Rico y otros delitos, incluidos cargos relacionados con cuatro muertes por sobredosis. Entre los acusados figura Jensen Medina Cardona, quien cumple 129 años de cárcel por el asesinato de Arellys Mercado Ríos en Fajardo.
Según documentos judiciales, los acusados distribuyeron fentanilo, suboxona, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética dentro de las instalaciones del Departamento Correccional y Rehabilitación de Puerto Rico. Los miembros de la organización narcotraficante contrabandeaban las drogas a las cárceles utilizando vehículos aéreos no tripulados (“drones”) que transportaban paquetes que contenían sustancias ilegales. Otros métodos de contrabando incluyeron el uso de correo legal, visitas familiares, corrupción/indiferencia oficial, catapultar o arrojar drogas a los patios de la prisión (“picheos”) y esconder drogas dentro de otros artículos traídos a las cárceles (por ejemplo, PlayStations, controles remotos, alimentos y bolsas de hielo). Durante el período pertinente a la acusación, las sustancias ilegales introducidas por esta organización de narcotráfico también causaron muchas sobredosis, incluidas al menos cuatro muertes por sobredosis atribuidas a una mezcla de drogas que contenía fentanilo.
Muchos de los acusados arrestados hoy formaban parte de una pandilla carcelaria conocida como Grupo 31 o “Los Tiburones”. El Grupo 31 estableció y mantuvo el control de la distribución de cantidades significativas de sustancias ilegales dentro de numerosas instituciones operadas por el Departamento Correccional y Rehabilitación de Puerto Rico. Esas instituciones incluyeron, entre otras: Institución Correccional Guerrero, Aguadilla; Complejo Correccional Las Cucharas Sgto. Pedro Joel Rodríguez Matos, Ponce; Institución Correccional Bayamón (501); e Institución Correccional Guayama Máxima Seguridad (1000).
“La actividad de las pandillas representa un grave riesgo de daño a nuestras comunidades y dentro de las instituciones correccionales”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Durante varios años, estos pandilleros y sus asociados distribuyeron cantidades significativas de drogas letales dentro del sistema penitenciario local, mediante la aplicación de reglas estrictas y la violencia. Esta acusación es la culminación de una investigación policial federal y estatal coordinada destinada a desmantelar esta organización criminal”.
“Esta operación representa un paso crítico en nuestra lucha contra el influjo de fentanilo y otras drogas peligrosas en las instalaciones correccionales de Puerto Rico”, dijo Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA. “Al desmantelar esta organización e interrumpir el uso de drones para contrabandear, no solo responsabilizamos a los delincuentes, sino que también salvamos vidas. Este éxito resalta el poder de la colaboración entre agencias federales, estatales y locales, y subraya nuestro compromiso de proteger al pueblo de Puerto Rico de los efectos devastadores del narcotráfico”.
