Las alianzas y las candidaturas coaligadas son derechos de la ciudadanía, no de un partido u otro, sino de las personas en una democracia que deciden con su voto si las apoyan o no. Tanto la Asamblea Legislativa como la Judicatura han evitado entrar en los méritos de nuestro reclamo. No nos sorprende, pues si lo hicieran, la conclusión sería inevitable.
Desestimar el pleito argumentando que se trata de una «cuestión política» es darle carta blanca al bipartidismo corrupto para utilizar su control de la Asamblea Legislativa y proteger sus intereses, incluso si eso implica violar derechos constitucionales.
Nuestro equipo legal se reunirá en los próximos días y nos recomendará qué curso seguir. No tenemos dudas de que debemos derrotar al bipartidismo corrupto en la calle, en los tribunales y en las urnas, incluso si eso significa jugar con sus propias reglas.
