SAN JUAN-La carta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) remitió a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es una “burda maniobra de chantaje e intimidación” para coartar los derechos de los empleados de la institución, denunció la representante Lourdes Ramos.
De inmediato, la legisladora novoprogresista demandó de la Junta y de su director, Robert Mujica, que desistan de ese nefasto empeño que solo busca destruir el Sistema de Retiro que opera con responsabilidad y solvencia.
Ramos sostuvo reuniones con los directivos de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau así como con Mujica de la JSF, para explicarles personalmente todo lo que se ha logrado sobre la solvencia de Retiro.
“¡Qué lástima que ellos prefieren llenar los bolsillos de los bonistas, en lugar de defender la UPR!”, lamentó vehementemente.
Insistió que el organismo federal le ha retenido a la institución $20 millones, que serán liberados una vez la Junta de Gobierno acceda a transformar el sistema, en un modelo de contribución definida. Esto implica que los jubilados recibirán una pensión basada en la cantidad de dinero que hayan aportado a su retiro, similar a las cuentas 401K.
Además, amenaza a la UPR de estar incumpliendo con el plan fiscal aprobado.
“Esto es como las películas de la mafia. Te apuntan a la cabeza para que accedas a sus demandas. ¡Qué manera tienen de manejar los asuntos públicos!”, acusó la representante.
La realidad constatada por el propio organismo federal es que, según detalló Ramos, la administración universitaria no cumplió con la aportación patronal que debía hacer al sistema.
Por ejemplo, en el año fiscal 2021 se debieron asignar $207 millones, pero la partida fue de $160 millones. Mientras, para el año fiscal 2022, se destinaron $162 millones, pero debieron ser $184 millones.
“La junta ha tenido el tiempo y la oportunidad para poner en justa perspectiva, que es la administración universitaria la que tiene responder por su responsabilidad y no servir de cómplice para que sigan evadiendo cumplir con las remesas adecuadas fijadas en ley”, apuntó.
Dijo que resulta un absurdo que se premie al negligente y se castigue a los que sostienen a la UPR con su talento, esfuerzo y compromiso.
“Yo valoro mi alma mater. Pero para hacerlo tengo que defender a los hombres y mujeres que la sostienen. Es impermisible que la entrega de una vida al servicio de la profesionalización del talento del país, se premie con tirar a los empleados a la miseria en sus años de retiro”, sustentó.
El estudio actuarial más reciente estableció que, para junio de 2021, el plan de pensiones de la UPR estaba financiado en un 54%, un aumento fehaciente en comparación con evaluaciones anteriores.
No obstante, siguió diciendo Ramos, la JSF pretende que el promedio de la proporción de financiamiento sea de 75% de la noche a la mañana, aunque la Junta de Gobierno de la Universidad no cumpla con las aportaciones.
“¡Basta ya de traquetear con los derechos de nuestros trabajadores!”, reclamó con enfado la representante Lourdes Ramos.
