Un informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reveló ciertas deficiencias relacionadas a los pagos a empresas contratadas para la instalación de sistemas de placas solares del Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y Abastecimiento de Agua (CEWRI-HH), administrado por el Departamento de la Vivienda (DV).
El examen de la OIG identificó fallas administrativas que ocasionaron que compañías contratadas pudieran haber recibido pagos sin cumplir con todos los requisitos del programa. También se encontraron algunos expedientes de solicitantes del programa incompletos que carecían de identificaciones oficiales, pruebas de titularidad y certificaciones técnicas, lo que impidió verificar si los beneficiarios cumplían con los criterios de elegibilidad. En algunos casos, se aprobaron solicitudes sin la documentación requerida, lo que pudo haber resultado en asignaciones indebidas de fondos. Estas irregularidades en los expedientes de los solicitantes derivaron en costos cuestionados por $129,750.86.
Particularmente, cuatro empresas contratadas para la instalación de sistemas de energía no contaban con la documentación necesaria para participar, incluyendo registros en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), certificaciones fiscales del Departamento de Hacienda, inscripción en el Sistema de Administración de Adjudicaciones (SAM) del Gobierno Federal y certificaciones de cumplimiento con regulaciones estatales y federales. Estos documentos se encuentran entre los requisitos establecidos por las Guías del programa.
A pesar del incumplimiento, el DV procesó pagos ascendentes cerca de $1.1 millones a estas cuatro compañías de placas solares.
Además, la OIG halló retrasos en la ejecución del programa. En múltiples casos, los solicitantes que habían sido aprobados no recibieron una notificación formal dentro del plazo de 90 días establecido en las guías del programa. También se detectaron demoras en la realización de las inspecciones finales, que debían completarse en un plazo de 45 días luego de la instalación del sistema.
Ante esto, la OIG emitió recomendaciones para fortalecer los controles internos del programa, incluyendo un proceso de verificación previa que garantice que todas las empresas y solicitantes cumplan con los requisitos antes de recibir fondos. También instó al DV a realizar monitorías semestrales, actualizar la reglamentación vigente y revisar las políticas de firmas electrónicas. Además, se recomendó evaluar la viabilidad del plazo de 90 días para la evaluación de solicitudes, gestionar el recobro de fondos mal adjudicados y formalizar adecuadamente los Acuerdos de Reserva de Subvención.
Además, y como parte del examen, los auditores de la OIG realizaron una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios a quienes se les completó la instalación de un sistema fotovoltaico en sus hogares. Para ello, se seleccionó una muestra de 293 expedientes, de los cuales 170 solicitantes (58%) pudieron ser contactados a través de llamadas telefónicas.
Los resultados reflejaron que el 89% de los encuestados expresó satisfacción con el servicio recibido. Esto indica que, a pesar de las deficiencias administrativas que fueron señaladas en el informe, los beneficiarios contactados perciben que los trabajos realizados por el DV en el manejo de los fondos CDBG-MIT han sido ejecutados de manera aceptable.
Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos o que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979, a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov o a través de la página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
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