(El Capitolio – 17 de marzo de 2025) – La Comisión de Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo Ocasio Ramos, atendió este lunes una medida que busca eliminar el requisito sobre la presencia de un menor de edad con discapacidad al recibir servicios gubernamentales con el fin de autorizar a sus padres o cuidadores principales utilizar la fila expreso.
El Proyecto de la Cámara 227, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmendaría la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso (Ley 297-2018) para aclarar la redacción luego de que el cuatrienio pasado recibió un caso en su oficina sobre la negación de un turno preferencial a un padre de un menor con impedimentos que intentaba completar una gestión gubernamental.
“Este proyecto surge porque yo, como representante, recibí una llamada de un padre que solicitó el turno preferencial por su hijo, y la persona que estaba en la ventanilla le dijo que no cualificaba”, indicó el autor. “Esto es un asunto de humanidad. Esto ni debería legislarse”, abundó.
La Defensoría de las Personas con Impedimentos mostró reparos con la legislación al indicar que pudiera tener el efecto de congestionar la fila expreso. Para explicarlo, el defensor interino Juan José Troche especificó la posibilidad de que estos cuidadores- que pueden hacer el turno regular- estén al frente de otras personas con impedimentos ya en la línea de prioridad.
“Reconocemos que hay personas sin impedimentos que pudieran tener la necesidad real de avanzar en trámites gubernamentales porque cuidan o atienden a un menor con impedimentos u otra persona con necesidades especiales y que está en su hogar. Podemos favorecer la intención legislativa, pero debe establecerse un mecanismo que evidencie la necesidad de avanzar en los trámites y utilizar la fila expreso”, recomendó el titular.
Troche sugirió que se establezca como exigencia que estos familiares presenten una identificación similar a la que expide el Departamento de Salud a las personas con impedimentos. Este carnet deberá evidenciar que son los padres o tutores de la persona con discapacidad y su necesidad.
“En vez de que haya que obligatoriamente llevarlo a una gestión en alguna agencia pública o entidad de gobierno, según la identificación que traiga y todas las herramientas que podamos solicitar de estas discusiones, (buscamos) que la persona no tenga que visitar la agencia pública por su condición”, sentenció el representante Ocasio Ramos.
Sin embargo, preocupaciones similares con la pieza legislativa fueron compartidas por la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) en Puerto Rico, cuyo director estatal José Acarón afirmó que eliminar el requisito de la presencia del menor con diversidad funcional pudiera resultar en uso arbitrario por parte de la “clientela de este privilegio”.
“De una forma u otra no nos parece que habría garantía absoluta de que, por un lado, el servicio no se abuse y, por otro, que el exceptuarlo de la presencia del menor sea garantía de un servicio más rápido”, aseveró Acarón.
Piden ampliar el beneficio
A nombre de la corporación Servicios a Poblaciones Especiales, un grupo de madres de jóvenes con diversidad funcional solicitó durante la audiencia pública que el proyecto incluya a la población mayor de 18 años al destacar que gran parte de esta tiene limitaciones para llevar una vida social, académica o vocacional similar a sus pares.
Iris Santiago, madre un joven de 27 años con impedimentos, enfatizó que la mayoría de esta población tiene dificultad para entender procesos en agencias gubernamentales o privadas, como son los bancos, farmacias, oficinas médicas, entre otras. Por tal razón, sus padres o cuidadores sirven de gestores para estos trámites.
“Esta es una población vulnerable que, a diferencia de otros de su misma edad, pueden presentar dificultad en poder expresarse, de movimiento. Pueden presentar ansiedad en esperas largas, cuando hay ruido, cuando hay tumultos”, manifestó la fundadora de la entidad.
Por otro lado, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez, solicitó en un memorial explicativo que la medida incluya a las personas cuidadoras de adultos mayores como beneficiarios de los servicios expreso ante el aceleramiento de la población envejecida en Puerto Rico.
La funcionaria también propuso que el proyecto incluya que el uso de las filas expreso sea también para una gestión del cuidador, de manera que no desatienda sus responsabilidades con el adulto mayor por hacer turnos prolongados en la línea regular.
No obstante, el representante Rodríguez Aguiló adelantó que la propuesta legislativa persigue enfocarse en los menores de edad por considerar que se trata de una población más vulnerable.
“No queremos ampliar. Queremos simplificar el proceso para evitar que un padre o un tutor, una madre, vaya a hacer alguna gestión en una agencia y tengan que verse obligados a llevar al menor a la fila. Un menor que está totalmente impedido físicamente de estar allí”, aseguró.
Diversos legisladores solicitaron la citación de los representantes de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) y las Colecturías al ser dos oficinas gubernamentales que reciben público de todas las edades y géneros en Puerto Rico.
