La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó hoy nueve cargos contra un empleado del Municipio de San Juan, identificado como Pablo J. Borrero Andino, de 36 años, que se benefició ilegalmente de sobre $70,000 de fondos federales del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés).
Según la investigación, el funcionario cometió fraude, apropiación ilegal de fondos públicos agravada, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad y posesión y traspaso de documentos falsificados.
La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos radicados por el Ministerio Público y le fijó al imputado una fianza global de $45,000, a razón de $5,000 por cada cargo, luego de que la defensa se allanara a la determinación del tribunal.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de octubre de 2022.
La fiscal Roxanne Rivera Carrión estuvo a cargo de la radicación de cargos. El agente investigador fue Elving J. Castillo Hernández, de la División de Robos a Bancos del Negociado de la Policía.
De acuerdo con la investigación, durante los meses de junio y julio de 2020, Borrero Andino se desempeñaba como Auxiliar de Sistemas de Oficina 1 del Municipio de San Juan y presentó once solicitudes bajo su nombre al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para obtener los beneficios económicos del PUA.
En todas las solicitudes incluyó ilegalmente los números de seguro social de dos ciudadanos y otros que no le pertenecían. Estas dos personas testificaron que no autorizaron al sospechoso a utilizar su seguro social, por lo que fueron víctimas de apropiación ilegal de identidad. Además, el Municipio de San Juan certificó que el sospechoso se ha mantenido trabajando en el Municipio desde el 2 de julio de 2007 hasta el presente. Por tal razón, no tuvo pérdida de empleo ni de ingresos durante el periodo de la pandemia.
Como consecuencia de la presentación de dichas solicitudes con información falsa, el acusado recibió once cheques del Departamento del Trabajo. Los cheques fueron enviados a la dirección residencial del acusado y depositados y cambiados en efectivo en distintas sucursales bancarias.
Las condenas a las que se expone el acusado por infringir varios artículos del Código Penal de Puerto Rico son las siguientes: Dos cargos por el artículo 182 de apropiación ilegal de fondos públicos agravada con una pena fija de 15 años cada uno; un cargo de fraude por el artículo 202 con una pena fija de ocho años; dos cargos por el artículo 217 de posesión y traspaso de documentos falsificados, cuya pena fija es de tres años; dos cargos por el artículo 212 de falsedad ideológica con pena fija tres años; y dos cargos por el artículo 209 de apropiación ilegal de identidad con pena fija ocho años.
El director de Delitos Económicos, el fiscal Rodney Ríos Medina, indicó que su división ha procesado cerca de 20 casos por fraude y otros delitos relacionados con el programa. Sin embargo, explicó que la mayoría de los casos que inicialmente fueron referidos al Departamento de Justicia no son de naturaleza criminal, sino administrativa, por lo que no procede la radicación de cargos. “En el Departamento de Justicia estamos procesando los casos en los que se demuestra la intención criminal, como el que se presentó hoy. Aquellos casos que se limitan a faltas administrativas fueron referidos a distintas agencias, de manera que se pueda subsanar el defecto o recobrar el dinero”.
