El Departamento de Justicia presentó hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda contra Texas Armoring Corporation (TAC) y su principal ejecutivo (CEO), Ronald Trent Kimball, por nulidad y cobro de lo indebido relacionado al vehículo de motor blindado, marca Chevrolet Suburban de 2018, solicitado por La Fortaleza, bajo la administración del entonces gobernador, y que aún no ha sido entregado al Gobierno de Puerto Rico por parte del fabricante.
«Finalmente se están dando pasos afirmativos para concluir este asunto. El mensaje es uno;
habrá consecuencias para todo aquel que no obre conforme a la Ley en todo negocio que
involucre el uso de fondos públicos, tanto de parte de los funcionarios como del suplidor»,
sostuvo Mercado Rivera.
«Finalmente se están dando pasos afirmativos para concluir este asunto. El mensaje es uno;
habrá consecuencias para todo aquel que no obre conforme a la Ley en todo negocio que
involucre el uso de fondos públicos, tanto de parte de los funcionarios como del suplidor»,
sostuvo Mercado Rivera.
Según se indica en la demanda, los hechos del caso establecen que los numerosos intentos
realizados por parte del Gobierno para obtener el vehículo resultaron infructuosos ante
distintas versiones ofrecidas por la empresa que se relacionan con un cambio de orden y
dilaciones con suplidores, entre otros asuntos.
El escrito presentado establece, además, que el 26 de febrero de 2018, Raymond Cruz, el
entonces director de la Oficina del Gobernador, suscribió un contrato para la adquisición del
Chevrolet Suburban, luego que La Fortaleza expresara la necesidad de este. Para la misma
fecha, el entonces administrador de la ASG emitió el comprobante de pago contra obligación
por la cantidad de $165,950. Entre otras condiciones contractuales se incluyó un descuento de $27,550 al costo original de la Chevrolet Suburban de $272,550, y que la entrega del vehículo debería proceder entre 120 y 150 días.
La demanda sostiene que el 23 de octubre de 2019, el entonces administrador de La Fortaleza, Luis A. Martínez, le envió una carta al entonces comisionado de la Policía, Henry Escalera, para que la agencia saldara el balance restante, asumiera la jurisdicción del vehículo y finalizara la transacción con TAC. La carta señala que el entonces gobernador Ricardo Rosselló ordenó la transferencia.
El pasado 21 de enero, ASG refirió al Departamento de Justicia el proceso de compra para
analizar la acción correspondiente, luego que comunicaciones entre funcionarios de la agencia
y la empresa para obtener el vehículo resultaran infructuosas.
El Gobierno de Puerto Rico desembolsó un total de $224,100 de fondos públicos para la compra del vehículo, pero hasta la fecha no se ha logrado confirmar su ubicación ni se conoce si TAC comenzó o culminó su ensamblaje.
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