El Departamento de Justicia de Puerto Rico logró obtener, a través de un proceso competitivo, asignaciones de subvenciones federales que superan los nueve millones de dólares y servirán, principalmente, para fortalecer las estrategias de seguridad pública y ofrecer servicios que atiendan las necesidades de las víctimas de delito en la Isla.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, detalló el desglose de las partidas de $7, 523, 295.00 del Victims Assistance Formula Grant Program(VOCA, por sus siglas en inglés), $1, 265, 216.00 provenientes del Edward Byrne Justice Assistance Grant Program (JAG, por sus siglas en inglés), Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking Support for Adam Walsh Act Implementation Grant Program (en adelante SMART) y John R. Justice Formula Grant Program (JRJ, por sus siglas en inglés). Todas son asignaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ, por sus siglas en inglés) correspondientes al año fiscal 2024.
“Cada una de estas propuestas tiene una función importante y apoya las iniciativas y esfuerzos encaminados a nivel estatal por parte del Gobierno de Puerto Rico. Estos fondos permitirán reforzar las estrategias contra la criminalidad y desarrollar nuevas soluciones para reducir el uso de drogas y los delitos violentos, con el objetivo de hacer nuestras comunidades más seguras. Además, garantizarán los servicios para las víctimas de delito en Puerto Rico, atendiendo prioritariamente sus necesidades emocionales y físicas; servicios de seguridad y protección; asistencia y apoyo durante los procesos judiciales, entre otros”, explicó el secretario de Justicia.
Los fondos destinados al programa SMART están enfocados en continuar optimizando el Registro Criminal Integrado, que contiene el historial criminal de personas que han cometido delito, y mantener la operación del Registro de Ofensores Sexuales.
La partida del programa JAG servirá para reforzar e implementar medidas de seguridad y protección para combatir los crímenes violentos, la venta de armas ilegales y el trasiego de drogas. Además, permitirá continuar fortaleciendo programas especializados para reducir la incidencia criminal, como Drug Courts, entre otros.
Los fondos de la subvención VOCA se dividen en dos partidas. Unos $230, 000.00 se utilizarán para brindar asistencia económica a las víctimas del crimen mediante la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia. Mientras, $7.2 millones serán distribuidos entre entidades que ofrecen servicios directos a las víctimas del crimen. Estas deben ofrecerles apoyo emocional y sicológico, medidas de seguridad y protección, asistencia para estabilizar sus vidas, entre otros servicios que atiendan sus necesidades.
La subvención del programa JRJ permitirá promover que licenciados cualificados inicien una carrera en el Ministerio Público, como fiscales, procuradores o abogados. Esta partida les apoyaría en el repago de cualquier deuda que tengan por concepto de préstamos estudiantiles a quienes completen, al menos, tres años de servicio público.
De conformidad con las leyes y la reglamentación federal aplicable, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, designó al Departamento de Justicia como la agencia estatal que administra y distribuye estas partidas. A esos efectos, el secretario informó que el Departamento de Justicia establecerá el proceso para que todas las entidades gubernamentales, municipios y organizaciones sin fines de lucro que interesen recibir los fondos federales asignados bajo estas subvenciones tengan oportunidad de presentar sus propuestas en igualdad de condición.
