Por ley, a quien único le corresponde documentar el incumplimiento de LUMA es a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) junto al Negociado de Energía de Puerto Rico, pues son las agencias con la pericia en el manejo y fiscalización de la ejecución del contrato del servicio energético y han sido facultadas por ley para ello.
La AAPP es una corporación pública con personalidad jurídica y tiene la autoridad de declarar el incumplimiento y ejercer cualquier remedio que corresponda, incluyendo la cancelación. Es decir, tiene capacidad para demandar y ser demandado a través de sus abogados. El Departamento de Justicia no puede intervenir ni representarle, a menos que se le solicite y, mediante un acuerdo, tendría discreción para representarles legalmente.
Para que el secretario de Justicia pueda hacer una evaluación de hechos y de cualquier incumplimiento se requiere información precisa y detallada de las entidades con expertise para poder tomar la acción más apropiada o hacer la recomendación correspondiente. El manejo de la política pública energética es un asunto complejo y técnico, por lo que se requiere colocarnos en la posición para ser responsables en nuestro deber, reconociendo las consecuencias importantes que tiene sobre todos los residentes de la Isla.
Como se explicó en la vista de transición, el Departamento de Justicia cumplió con su rol al realizar una Opinión del Secretario en torno a la validez del contrato de LUMA y la existencia de mecanismos para dejarlo sin efecto, según fue solicitado de manera específica por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).
El Departamento de Justicia no tiene la autoridad en ley para iniciar un proceso de cancelación motu propio, sobre todo cuando no se ha informado o evidenciado el incumplimiento ni se ha realizado una petición oficial al Departmento.
Lo aclaramos nuevamente, pues a juzgar por las declaraciones de algunos miembros del Comité de Transición entrante, quedaron dudas al respecto.
