20 de marzo de 2025 – El Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE), en su forma moderna, fue establecido por el Congreso en 1979 con el propósito principal de igualar el acceso a la educación, ayudar a las familias trabajadoras y de escasos recursos a pagar la universidad, mejorar el rendimiento estudiantil y allanar caminos hacia buenos empleos, principalmente para la clase media. Desde su fundación, la agencia ha cumplido ese propósito y también ha sido el instrumento para garantizar que los territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, reciban una proporción justa de los fondos federales destinados a la educación de acuerdo con las necesidades específicas de cada territorio.
A quienes más daño hará la eliminación de esta agencia es a los cerca de 26 millones de niños de familias pobres y poblaciones vulnerables en la nación americana, incluyendo a los territorios y a Puerto Rico, que dependen del apoyo adicional que reciben del USDE para alcanzar su máximo potencial y para garantizar un trato equitativo en la financiación de la educación pública.
En Puerto Rico, ya en la Asociación de Maestros habíamos advertido que la eliminación del USDE va a trastocar significativamente un gran número de programas y servicios que operan con el apoyo de los funcionarios de la agencia federal y se financian con fondos federales. Algunos de estos programas son horario extendido y tutorías, educación especial, transportación escolar, mantenimiento de escuelas, educación vocacional y técnica, educación para adultos, entre otros.
Sabemos que, para que se materialice la eliminación del USDE, es necesaria la intervención del Congreso, por lo que seguiremos, junto a la American Federation of Teachers, ejerciendo la presión necesaria entre los congresistas tanto republicanos como demócratas para evitar que esta acción se concrete. En la isla también seguiremos insistiendo con la gobernadora, Jenniffer González Colón, así como con el comisionado residente en Washington. Pablo José Hernández, para que tomen una postura firme y exijan al Congreso que se salvaguarde el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad.
