El Capitolio, 15 de marzo de 2025 – La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, que preside el senador Wilmer Reyes Berríos, recibió recomendaciones para la medida que, entre otras cosas, crea la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establece una política pública sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector público.
Durante la audiencia pública, el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y la Administración de Servicios Generales (ASG) expusieron sus perspectivas sobre la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en las operaciones gubernamentales.
En sus respectivos análisis del Proyecto del Senado 68 y la Resolución del Senado 24, medidas de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, representantes de ambas agencias destacaron la importancia de regular e implementar de manera eficiente la Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico. Respaldaron la creación del puesto de Oficial de Inteligencia Artificial (OIA) como figura clave para coordinar y supervisar el uso de la IA en la administración pública, pero el director de PRITS, Antonio Ramos Guardiola, presentó reservas sobre la creación de un Consejo Asesor de IA.
En su presentación el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del gobierno de Puerto Rico, apoyó firmemente la creación del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), argumentando que este puesto permitirá una gestión más eficiente de la IA dentro del gobierno. Resaltó los beneficios claves como la centralización de esfuerzos y alineación con políticas públicas, la optimización de recursos y reducción de redundancias, una colaboración efectiva con la academia y el sector privado para impulsar la innovación, y una mayor eficiencia y seguridad en los sistemas gubernamentales, garantizando un uso responsable y transparente de la IA.
Sin embargo, en su ponencia advierte que la creación de un Consejo Asesor de IA podría generar un aumento innecesario de la burocracia, ralentizando la toma de decisiones en torno a la implementación de la IA en el gobierno. En su lugar, se recomienda que el Oficial de Inteligencia Artificial trabaje directamente con el Concilio de IA existente, evitando estructuras adicionales que puedan obstaculizar la eficiencia administrativa.
“Enfatizamos la necesidad de establecer un marco regulador sólido para la IA, asegurando la protección de datos y la ciberseguridad. Se sugiere que el OIA colabore estrechamente con el Chief Data Officer (CDO) y el Chief Information Security Officer (CISO) para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de la información gubernamental”, añadió Ramos Guardiola.
Uno de los puntos claves de su escrito a la Comisión es la necesidad de que la IA sea utilizada para maximizar la productividad sin sustituir empleados. Además, se establece que la IA no debe tomar decisiones autónomas en áreas críticas como asignación presupuestaria y prestación de servicios esenciales. Asimismo, se recomienda que las herramientas de IA sean diseñadas para garantizar la interoperabilidad entre agencias, permitiendo un intercambio eficiente de información y evitando la duplicación de esfuerzos.
Por su parte la ASG reconoció el potencial de la IA para transformar los procesos de adquisición y contratación en el gobierno. Sin embargo, subrayaron la importancia de que cualquier implementación tecnológica sea compatible con las regulaciones actuales que rigen las compras gubernamentales. La ASG sugirió que se realice un análisis exhaustivo para identificar posibles conflictos entre la nueva tecnología y las normativas vigentes, con el fin de garantizar una transición fluida y evitar interrupciones en las operaciones.
Además, la ASG propuso la creación de un marco regulatorio que establezca claramente las responsabilidades y procedimientos relacionados con la adopción de la IA en los procesos de adquisición. Resaltaron la importancia de la capacitación continua del personal en nuevas tecnologías y la necesidad de asegurar que las plataformas digitales sean accesibles y fáciles de usar para todos los empleados involucrados en estos procesos.
Por último, Reyes Berríos agradeció las aportaciones de ambas entidades y reafirmó su compromiso de trabajar en una legislación que promueva la modernización del gobierno sin comprometer la transparencia ni la eficiencia operativa. “Es esencial que integremos la tecnología de manera que beneficie a nuestra ciudadanía pero de una forma estructurada y responsable”, afirmó el Senador.