Por: José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo
En el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) la grama puede tragarse los pies de las personas. Cuando la cortan, es posible que uno tropiece con alguno de los muchos mazos de grama que se dejan tirados en el suelo luego de completadas las labores de ornato. Las grietas y hoyos en las aceras del recinto, las filtraciones en salones y oficinas, así como el hongo en los edificios, se combinan para proveer una experiencia desagradable y pueden hacer pensar que en esta universidad no estudia gente.
A pesar del desmantelamiento, que se extiende a su oferta académica, así como a una merma dramática de su estudiantado, el sistema UPR mantiene sus tasas de graduación por encima de los números de la mayoría de las instituciones universitarias privadas sin fines de lucro en Puerto Rico, según reflejan los informes del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS en inglés). Este es un sistema de encuestas que realiza anualmente el Centro Nacional de Estadísticas Educativas del Departamento de Educación de Estados Unidos.
Una mirada a estos datos desde el año académico 2010-11 hasta el año académico 2021-22 demuestra que la mayoría de los recintos UPR tuvieron un aumento en sus tasas de graduación en el contexto de la crisis fiscal, de la pandemia y de las reducciones presupuestarias que mantienen en jaque a la principal institución educativa del Estado.
De acuerdo con los informes IPEDS para el año 2022, todas las unidades de la UPR, con excepción de Utuado y Bayamón, registraron tasas de graduación superiores a 45% para estudiantes que completaron estudios subgraduados en seis años o menos a partir del 2015, o en el tiempo y medio respecto a lo planificado por la institución para completar el ciclo de estudios. Humacao, Arecibo, Ponce, Cayey y Río Piedras superaron el 50%.
Para el año académico 2021-22 las tasas de graduación en la UPR de estudiantes de tiempo completo que buscaban terminar un bachillerato reflejaron que Humacao lideró, con una tasa de graduación de 50.6%, seguida de Aguadilla (50.5%), Río Piedras (50.1%), Carolina (48.4%), Cayey (47.2%), Mayagüez (47%), Ponce (45.7%), Arecibo (44.8%), Bayamón (38.6%) y Utuado (18.3%).
Estas tasas solo reflejan los estudiantes que ingresaron y se graduaron en esos recintos. No incluyen a los estudiantes que llegaron a esos recintos mediante transferencias de otras instituciones fuera del sistema UPR. Pero si se miran las estadísticas de las transferencias, Bayamón y Utuado muestran altas tasas de graduación de estudiantes transferidos a sus recintos (49.1% y 40.6%, respectivamente).
Para el cálculo de sus tasas, el informe usa la duración de los programas académicos. En el caso del bachillerato, diseñado para completarse en cuatro años, se hace una estimación estándar de seis años, que es el término que concede el Departamento de Educación federal para prestar asistencia económica. El informe toma sus datos de un estudio de cohorte, que es cuando se examina a los grupos de estudiantes supuestos a graduarse durante un año en particular.
Los datos que son reportados en IPEDS son sometidos por las propias universidades. La Ley de Educación Superior federal de 1965 establece que toda institución que recibe fondos federales para becas de educación bajo el Título IV provea datos sobre matrícula, egresados, tasas de graduación, docencia, costos, ayudas económicas, entre otros.
UPR en el espejo de la “competencia”
Solo el recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana reflejó en el informe de la IPEDS una tasa de graduación — 55% — superior al de los recintos que componen el sistema UPR. El recinto de San Germán de la Interamericana también graduó un número similar de estudiantes a los del sistema público, con una tasa de graduación de 46%.
No obstante, seis de los nueve recintos de la Interamericana tuvieron tasas de graduación de entre 33% y 39% y uno de sus recintos, Bayamón, tuvo una tasa de graduación de 29%.
En tanto, la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), que junto a la Universidad Interamericana es una de las principales instituciones postsecundarias sin fines de lucro que operan en Puerto Rico, solo logró graduar a tres de cada diez estudiantes que se matricularon.
Ninguno de sus tres recintos en Puerto Rico (Gurabo, Cupey y Carolina) reflejaron una tasa de graduación superior a 30% con estudiantes que completaron sus estudios subgraduados en seis años o menos.
UAGM no alcanzó ni un 5% en ninguno de sus recintos con las tasas de graduación correspondientes a los estudiantes de nivel subgraduado que completaron estudios en cuatro años o menos durante el periodo señalado. De hecho, con aquellos estudiantes que completaron sus estudios subgraduados en ocho años o menos, sus tasas de graduación quedaron por debajo del 35% en las tres unidades.
De acuerdo con el vicepresidente de Asuntos Académicos de UAGM, Edgardo Rosaly Manfredi, esos números de su institución responden a una combinación de factores: los retos demográficos que enfrenta Puerto Rico en el marco de la fuga de talento, la baja de nacimientos, los fenómenos naturales que han azotado a la Isla y a una “política institucional de puertas abiertas”, basada en “la filosofía de que la educación es un derecho y no un privilegio”, explicó.
Sobre esto último, Rosaly Manfredi destacó que UAGM es una institución que no se rige por parámetros que condicionan la admisión de estudiantes a su historial académico. Por tanto, desde su perspectiva, el riesgo de que los estudiantes no rindan con éxito incrementa. Hizo referencia al caso de American University (AUPR), que anunció que cesará operaciones por baja matrícula. Los dos recintos que componían esa universidad (Manatí y Bayamón), registraron tasas de graduación por debajo de 35% en los informes IPEDS para el año 2022. Las tasas fueron de 32% y 26%, respectivamente, para estudiantes que completaron estudios subgraduados en seis años o menos a partir del 2015, o en el tiempo y medio respecto a lo planificado por la institución para completar el ciclo de estudios.
La lectura del vicepresidente de Asuntos Académicos de UAGM establece una relación directa entre la reducción de estudiantes y el rendimiento académico. Pero contrasta con lo que se desprende de los datos de UPR y de otras instituciones privadas sin fines de lucro,
que, a pesar de enfrentar retos similares o más graves, muestran números superiores.
Según el informe de IPEDS, la Pontificia Universidad Católica del recinto de Ponce tuvo una tasa de graduación de 42%. Mientras que el Atlantic University College tuvo una tasa de graduación de 46% y la Universidad del Sagrado Corazón de 41%.
Las dos caras de la moneda
En agosto de 2017, cuando la UPR recibía una asignación gubernamental anual de casi $900 millones, el crédito subgraduado costaba $56. Bajo las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal (JCF), el crédito subgraduado aumentó a $157.
Mientras subían los costos de matrícula y se debilitaba la oferta académica, la institución contrató en 2018 a Jorge Haddock, quien ocupó la silla de presidente de la UPR hasta su destitución en el 2021 por la suma de $240,000 anuales. Ese salario representó más del doble del tope salarial anual para el cargo de presidente que establece la Certificación 90 (1996-1997) de la desaparecida Junta de Síndicos.
Al tiempo que esto ocurría en la UPR, en el 2020 el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, que registra la tasa de graduación más baja entre las tres unidades que componen UAGM (26%) anunció que consiguió la asignación de $1.7 millones. Los fondos vinieron de una propuesta bajo el programa federal Student Support Services del Departamento de Educación federal para atender a 283 estudiantes elegibles anualmente por un periodo de cinco años.
El objetivo de este programa “es aumentar la retención y graduación de estudiantes universitarios de primera generación, con escasos recursos económicos e individuos con diversidad funcional que han demostrado necesidad académica”. Al preguntarle al vicepresidente de Asuntos Académicos cómo marcha esta iniciativa, sin entrar en detalles específicos volvió a hacer referencia a las limitaciones que les provoca la baja en la matrícula y la fuga de talento.
Actualmente, la UPR recibe una asignación anual del Fondo General que apenas alcanza los $500 millones. Desde 1966, por medio de la Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico, el Gobierno estableció como política pública la asignación de un porcentaje del presupuesto general del País a la UPR catalogando como “elemento esencial de ese propósito el ampliar la autonomía universitaria en su aspecto fiscal y aumentar sus recursos” de cara al futuro. En 1993, por ejemplo, la UPR debía recibir hasta un 9.6% del promedio de los ingresos gubernamentales de los dos años anteriores, algo que ya no ocurre.
UPR gradúa, pero se agudiza su crisis
La Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la UPR, por ejemplo, perdió el 49% de su matrícula a nivel subgraduado entre agosto de 2017 y agosto de 2022. Según datos del Decanato de Asuntos Académicos (DAA), esa es la facultad que más estudiantes ha perdido en ese recinto, desde la entrada de la JCF, el azote del huracán María y tras la pandemia. Asimismo, registra la segunda tasa de graduación más baja en todo el recinto (25%), después de Comunicaciones (21%).
La oferta de clases o secciones de esa Facultad de Educación tuvo una baja de 32% de sus secciones a nivel subgraduado cuando se compara el segundo semestre del año académico 2017-2018 y el segundo semestre del recién finalizado año académico. Para el mismo periodo, se documentó una reducción de 18% de las secciones a nivel general para el nivel subgraduado en el Recinto de Río Piedras.
Se trata de la otra cara de la moneda: un desmantelamiento sistemático que va en dirección contraria a lo que reflejan las tasas de graduación de la institución.
Como parte de los ajustes administrativos, la apertura o cierre de cursos depende de la capacidad del salón y cupo de la sección. También, del equipo disponible en ese salón para los estudiantes. Aún cuando los
estudiantes matriculados quepan en el salón y haya equipo suficiente, la sección puede ser cerrada si no había el mínimo de estudiantes matriculados requeridos para esa sección.
Al cierre del primer semestre, la administración de la UPR informó que los cursos debían contar con la demanda de estudiantes suficientes para “ser autoliquidables”. Es decir, que generen los ingresos suficientes para cubrir el salario del profesor asignado al curso.
“Si un profesor no alcanza ese cupo mínimo en su sección, la cierran y, como consecuencia, se puede quedar sin la carga completa [12 créditos o más por semestre]. Entonces el profesor tiene que buscar qué hacer para sustituir esos tres créditos, en caso de que sean tres lo que le falten para la carga completa. Y tiene que justificar cómo va a trabajar ese tiempo lectivo, ya sea en tareas administrativas o haciendo investigación. Una improvisación total. Es decir, si tú no tienes preparado un proyecto, es como sacarte uno de la nada solo para cumplir”, expresó el catedrático de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras, Julio Rodríguez.
Los datos de la Administración Central, que no incluyen al Colegio Universitario de Mayagüez, muestran que Río Piedras es el recinto que más secciones perdió en los últimos cinco años. La institución no entregó datos del RUM, que fueron solicitados por el CPI.
Los otros recintos han experimentado reducciones progresivas comparables a Río Piedras. El que más se afectó en el periodo de 2017-2018 a 2021-2022 fue Utuado, con una baja en sus secciones de nivel subgraduado de 44%. Ese número casi duplica la reducción de Río Piedras.
Varios profesores consultados por el CPI coincidieron en que lo que suele ocurrir en estos casos descritos por Rodríguez es que les quitan secciones a los profesores de contrato, gran parte de ellos con doctorado, para que los que tienen plaza tengan los 12 créditos correspondientes a la carga completa.
Rodríguez añadió que en su departamento quedan nueve profesores con plaza. Eran 21 cuando comenzó a dar clases hace más de cuatro décadas.
“Y comoquiera no hay secciones suficientes para todos. Yo estuve a punto de que me cerraran una sección porque me faltaba un estudiante para alcanzar el mínimo del cupo [12 estudiantes para un salón de 20]. ¿Qué hice? Me comuniqué con estudiantes de otra sección que pudieran cambiarse al horario que quedaría eliminado, y logré salvar la sección. A eso hemos llegado en la UPR”, señaló el docente.
“Si bien hay menos estudiantes, menos cursos y menos profesores en la UPR, en el contexto de esta crisis fiscal, que suele reducirse a los números, hay una sobrecarga en las participaciones de los profesores en los comités, no hay descargues para investigación, y hay un deterioro acelerado en el aspecto emocional de los colegas, muchos por contrato”, añadió.
Metástasis administrativa
Hace unos meses, a través de un comunicado de prensa, la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, negó el cierre masivo de secciones en la institución. Esto luego de que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció el cierre de 600 secciones de cara al inicio del segundo semestre del año académico.
Contrario a las afirmaciones de la rectora Varela Llavona, su ex ayudante, la profesora María del Carmen Zorrilla, sostuvo que el efecto colateral de los cierres de secciones es “impresionante”. Ella aseguró que vio el impacto de cerca, pues más allá del salón de clases, también ha colaborado en gestiones administrativas, ya sea como directora de departamento o en rectoría.
“Tienes a los estudiantes demandando unos cursos y los departamentos no tienen con qué ofrecerlos. Cada vez hay menos profesores. La población permanente de profesores está envejecida, un profesor se
retira y esa vacante no se puede llenar con un ‘full time’, se congela, y la universidad, si quiere, contrata a un profesor”, explicó la docente.
“Nadie subsiste con $2,043 por clase al semestre”, dijo Zorrilla en referencia a los profesores por contrato, que cada vez son más. “Y teniendo en cuenta que no pueden tener más de 11 créditos, porque no les dan un ‘full time’, pues estamos hablando de $7,000 al semestre. ¿Quién vive con $14,000 al año?”.
El Sindicato de Trabajadores, que agrupa empleados de limpieza, ornato y mantenimiento, exigieron — a través de un voto de huelga — mejores condiciones salariales para una parte de su matrícula que cobra un mínimo de $7.25 la hora. El 16 de febrero, los portones de la mayoría de los recintos UPR amanecieron cerrados por la acción del Sindicato, que consiguió un aumento salarial (a $9.50 la hora) a partir del 1 de julio, cuando inicie el nuevo año fiscal.
De acuerdo con Zorrilla, el análisis siempre termina en el aspecto financiero, pero considera imprescindible comprender cómo se agrava la precarización de la universidad, con el “problema generalizado” de las malas condiciones laborales.
“Son tantas las variables que inciden en el proceso académico que no es tan fácil como mencionar cuántos cursos se eliminaron o cuántos profesores faltan. Está el factor administrativo también: los empleados no docentes y los exentos no docentes, que enfrentan sus retos también. Todos los que dan servicios. ¿Por qué hay una fuga de estos empleados también?”, cuestionó. Según la profesora, los contratos temporeros — por tres o seis meses — generan un problema de retención de personal. “¿Quién trabaja por $1,100 en Puerto Rico? ¿$12,000 al año?”, advirtió.
Para la académica, el panorama descrito está estrechamente ligado a los resultados que refleja la institución en sus tasas de graduación. Aún cuando UPR sigue graduando más estudiantes que instituciones privadas, sin los golpes que ha recibido la institución en los últimos años la historia sería “mucho, pero mucho mejor” que los números y las dinámicas académicas actuales.
Zorrilla hace referencia a una desconexión total, donde la funcionalidad de las operaciones, desde las facultades hasta la Administración Central, se limita a una vaga rendición de cuentas que no necesariamente se traduce en hechos transformadores.
“Cuando llegué a rectoría, me encajaron todas las piezas de este rompecabezas. Hay un mega choque. La universidad le vende un producto a los estudiantes en su primer año, pero no tenemos con qué cumplir. La situación ahora mismo es como ir a un restaurante, lees el menú, dices lo que quieres comer y te dicen que la comida sale sin tal o cual ingrediente. Mientras la Junta de Control Fiscal no cambie su postura hacia el plan fiscal de la universidad, seguirá deteriorándose el panorama”, destacó, subrayando que el ambiente universitario es de constante supervivencia.
El arte de la insuficiencia
La UPR ha establecido de manera general en sus comunicaciones internas que una clase con, por lo menos, 25 estudiantes cubriría el salario de un profesor. La APPU también ha denunciado que los sueldos de los docentes con plaza se presupuestan por año académico y no se condicionan al número de estudiantes que pueda impactar el educador en un semestre.
Hace 12 años que el profesor Francisco Cintrón Moscoso da clases por contrato en el Recinto de Río Piedras de la UPR. Durante diez de esos años lo hizo con el mayor interés de hacer una vida como educador a nivel universitario. Pero las condiciones salariales se lo impidieron. Antes de irse de la universidad y limitarse a ofrecer un curso, cuando surgía esa oportunidad, recibía $2,043 por cada una de sus clases al semestre. Con tres cursos no pasaba de $7,000 al semestre. Una realidad que experimenta casi la mitad del profesorado en la UPR.
“He estado semestres que tengo cuatro clases, empieza el semestre y me cancelan una, y me quedo con tres. Una diferencia de $10,000 de la noche a la mañana. Si tienes cuatro clases [12 créditos], automáticamente el salario cambia. Las tres clases te las pagan individuales. Es decir, $2,043 por cada una o $6,000 y pico el semestre. Pero si consigues la cuarta clase, subes a $25,000”, explicó.
Como profesor por contrato en tres facultades del recinto riopedrense, Cintrón Moscoso nunca tuvo acceso a fondos de investigación, a pesar de encabezar múltiples iniciativas de esta naturaleza.
La actividad investigativa en la UPR se mide en términos de los fondos externos que pueda recibir la institución para esos fines, ya sean fondos federales o del sector privado.
“Las investigaciones que hice, las hice como consultor para otros proyectos fuera de la universidad. De que hubiese oportunidades reales dentro, no. En algún momento se me dijo que no podía solicitar porque no era un profesor con plaza. Así que en ese sentido, para mí la idea de la investigación dentro de la universidad como profesor sin plaza, es no existente. Ha sido a través de proyectos que yo he tenido que hacer desde afuera”, aseguró el educador, quien además es antropólogo y experto en métodos participativos.
De acuerdo con Cintrón Mosocoso, quien actualmente dirige la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, movimiento que busca empoderar líderes en comunidades en pos de la resiliencia al cambio climático, lo que se desprende de la experiencia en la UPR es la desmotivación.
“Uno dice ‘bueno, pues no voy a traer otra idea, porque si yo no la puedo correr y no la puedo presentar, no la puedo coordinar, pues entonces nada, no lo hago a través de la universidad”, comenta. “Y lo más grave de esto, que es importante recalcar, es que ni siquiera hay uniformidad en estos procesos que te estoy hablando [relacionados con los fondos de investigación]. Yo conozco profesores sin plaza que sí han podido hacer investigaciones, porque por X o Y razón su director o su decano ha permitido que eso ocurra. Esa es una de las cosas, para mí, más graves de la experiencia en la universidad, que como no hay uniformidad, depende de la facultad donde estés, las reglas son distintas”, agregó.
Cintrón Moscoso señaló que una situación similar ocurre con el cierre de clases.
“Cada facultad ha desarrollado su propio modelito y no es uniforme. Yo he estado en la Facultad de Estudios Generales, en la Facultad de Educación y en la Facultad de Sociales y en cada una me tratan de manera diferente, me exigen que vaya a reuniones que no son las mismas, porque en una tengo que ir a las reuniones de departamento, en otras no, y eso lo que causa es más confusión”, destacó, añadiendo que, en su experiencia en la Facultad de Educación, nunca se le ha considerado para participar en una reunión de facultad.
El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, no estuvo disponible para entrevista con el CPI sobre este reportaje.
