CPI: Educación bajo sindicatura: ¿hasta cuándo?

POR: CPI: Tatiana Díaz Ramos

A 15 meses de que la compañía Álvarez & Marsal Public Sector Services (A&M) desarrollara el Plan Comprensivo de Acción Correctiva para el Departamento de Educación (DE), la agencia solo ha completado tres de los 37 objetivos contenidos en ese documento que fue elaborado por esta firma para la que hasta ahora se han comprometido casi $140 millones en fondos públicos.

A&M fue contratada como síndico o agente fiduciario para administrar los fondos federales del DE, luego que en 2021 el Departamento de Educación federal impusiera la sindicatura como una manera de “asegurarse” del uso eficiente de los fondos destinados al sistema de educación pública tras los daños ocasionados por los huracanes Irma y María.

El resultado de esa inversión multimillonaria, según los informes de progreso del Plan entregados al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), ha sido la creación de la Oficina de Cumplimiento, que estará a cargo de velar que los fondos se invierten siguiendo las leyes y reglamentos federales. Desde esta oficina, junto a la de Asuntos Federales del DE, se desarrollaron herramientas digitales para agilizar la planificación y uso de subvenciones.

El CPI inquirió tanto al DE como a Educación federal sobre la permanencia del síndico ante la política pública del presidente Donald Trump de cerrar la agencia federal pero ninguno ofreció respuesta.

Entre 2017 y 2025 la asignación de fondos federales para el DE aumentó de más de $929 millones a $2.3 mil millones. Es decir, el 35% del presupuesto asignado a la agencia en 2017 provino de partidas federales aumentando a 58% para el año fiscal en curso, según el análisis de la Junta de Control Fiscal.

El contrato original de Álvarez & Marsal por $79.7 millones se ha enmendado tres veces, lo que le añadió al acuerdo $59.3 millones. Al síndico se le paga con una combinación de fondos federales y estatales del presupuesto del DE.

El fin de contratar a un tercero (third party) como agente fiduciario o síndico es para que asista al DE en la administración financiera de las subvenciones federales, controles internos en nómina y recursos humanos, mejorar los procesos para las compras, adjudicaciones, contabilidad, finanzas y administración de los contratos; el desarrollo del Plan de Acción Correctiva y proporcionar retroalimentación sobre el cumplimiento del mismo.

Pero desde que el síndico está en el DE, la contratación de servicios y compras se triplicó en la agencia, muestra una revisión del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) hecha por el CPI. El síndico no decide a quién contratará el DE, pero se supone que se encargue de controlar las cuentas relacionadas a subvenciones federales y del pago a contratistas cuando el DE justifique la necesidad del servicio o de la compra.

Entre 2017 y 2021, un periodo de cuatro años, la contratación del DE fue de $2.1 mil millones. Mientras que en los siguientes cuatro años bajo la sindicatura, entre marzo de 2021 y marzo de 2025, la contratación se elevó a $6.6 mil millones. En este periodo el contratista principal de Educación ha sido Álvarez & Marsal. Además, la agencia otorgó un contrato por $77,999 a la compañía NTDS Consulting, registrada en el 2022 por el exdirector de la Oficina de Asuntos Federales bajo la secretaría de Eligio Hernández en el DE, Francisco Martínez Oronoz, para “apoyar en el cumplimiento y ejecución del Plan Comprensivo de Acción Correctiva” durante tres meses.

Para la contralora Yesmín Valdivieso, el agente fiduciario debe “asegurarse que los procesos se dan, que se mejoran, y de que los fondos federales se utilizan cumpliendo con todas las reglas”. Aun así, la Contralora ubica al Departamento de Educación como la agencia donde “cada vez que entramos, algo malo encontramos, gente robando o haciendo las cosas mal. Los señalamientos nunca bobos son”, dijo en entrevista con el CPI.

Con la imposición de un síndico, Educación federal también buscaba que los fondos asignados por el Congreso para ayuda de desastres se usaran de forma rápida y eficiente para beneficio de maestros y estudiantes. Pero esto no ha ocurrido.

Culminado febrero de 2025, no se ha construido una sola escuela nueva en los pasados 10 años. Mientras que los estudiantes de la zona suroeste, afectada por los terremotos de 2020, toman clase en vagones desde 2022. El DE invirtió cerca de $66 millones en la compra, instalación y habilitación de las escuelas vagones, que se supone son temporeras.

Aun bajo la sindicatura, el DE ha seguido derrochando dinero por falta de control administrativo. Por ejemplo, un informe de auditoría de junio de 2023 de la Oficina del Contralor reveló que, entre agosto de 2017 y junio de 2022, Educación pagó $288,414 por servicios de electricidad y agua potable correspondientes a 10 escuelas de las 90 que fueron cerradas entre 2017 y 2018 en la región de Mayagüez. Situaciones similares se encontraron en las regiones de Arecibo y San Juan.

El contrato de Álvarez & Marsal es el tercero más cuantioso de todos los que otorgó Educación durante el pasado cuatrienio. Los otros contratos que comprometen más dinero del fisco fueron con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por $550,226,179 y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) con $522,497,266, para alquiler de facilidades y acuerdos colaborativos para la reconstrucción y reparación de escuelas.Para el trabajo que hace en Puerto Rico, Álvarez y Marsal subcontrata a otras cuatro firmas: Frontera Capital Advisors; Deval LLC; Alvarado Tax & Business Advisory; y McConnell & Jones LLP.

A mediados de febrero, Educación revisó y sometió una nueva versión del Plan Comprensivo de Acción Correctiva al Departamento de Educación federal, según dijo al CPI el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, en declaraciones escritas. En una entrevista con Metro aseguró que este Plan “nos va a ayudar a que el síndico pueda salir del Departamento en los próximos meses”, sin especificar cuándo.

El último informe de progreso sobre el Plan reconoce que para el primer cuatrimestre los adelantos fueron menores que en periodos anteriores y lo atribuye al cambio de administración tras las elecciones, así como a la implementación en las agencias públicas de sistemas relacionados a la gerencia de recursos humanos, contratos y presupuesto (Enterprise Resource Planning and Human Capital Management).

El Plan involucra seis áreas: reestructuración operacional; nómina y recursos humanos; compras y contratos; manejo de subvenciones; contabilidad y finanzas; y cumplimiento. Cada área tiene objetivos a cumplir para lograr la salida del síndico.

A Flourish table

Las áreas donde el DE apenas ha progresado son reestructuración operacional y cumplimiento. Del último informe se desprende que existe “una gobernanza y fiscalización limitada de las operaciones y funciones de oficinas clave, llevando a la pobre coordinación y la toma de decisiones fragmentadas”. Además, la agencia reconoce que le falta personal para las áreas de compras, bienes inmuebles y equipo.

Para marzo de 2023 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizó el cambio de la estructura organizacional del DE para dar paso a una nueva Oficina de Cumplimiento dentro de la agencia. Sin embargo, no fue hasta agosto de 2024 que se nombró a una directora para la oficina que se encargará de que los fondos federales sean manejados en cumplimiento con las leyes y reglamentos federales.

Sobre el manejo de subvenciones, se han completado objetivos como la creación y digitalización del flujo de trabajo estándar y las plantillas para planificación del uso de subvenciones; desarrollo de presupuestos detallados para cada una, así como el entrenamiento de coordinadores sobre estas herramientas.

La Administración de Servicios Generales (ASG) se ha involucrado en la sindicatura desde mayo de 2024 al llegar a un acuerdo con el DE para supervisar las compras y desarrollar un marco de gobernanza para agilizar las aprobaciones y reforzar los controles en las áreas de compras y contrataciones.

En el área de nómina y recursos humanos, el informe sostiene que el retraso en los procesos de contratación, transferencias y despidos se debe a la falta de actualización entre las cuentas de subvenciones y las listas de empleados de la Oficina de Recursos Humanos. “Actualmente, el DE carece de controles internos para garantizar que las certificaciones semestrales recibidas y los informes de distribución de horas cumplan con las regulaciones federales”, indica el documento.

Sobre el área de contabilidad y finanzas, se recomienda en el informe que el Departamento implemente “prácticas de cumplimiento consistentes en todas sus unidades”, así como “nuevos procesos de control de calidad y capacitaciones para fortalecer la visibilidad y la cooperación interdepartamental”.

Ramos Parés indicó que su agencia ya comenzó la negociación para renovar el contrato de A&M, que vence el 31 de marzo de este año. “Es una condición específica esta contratación para el manejo, uso y desembolso de fondos federales y, en cumplimiento con dicha exigencia, estaremos renovando el contrato”, aseguró el Secretario por escrito a preguntas del CPI sobre la permanencia del síndico mientras la Administración Trump persigue desmantelar el Departamento de Educación federal.

“El síndico va a estar hasta que el Departamento de Educación federal determine que han cumplido con su trabajo, hasta que no demostremos que estamos haciendo bien las cosas”, concluyó por su parte la Contralora.

La experiencia de otros territorios estadounidenses es que las sindicaturas han durado entre 14 y 20 años.

Incumplimientos históricos

No es la primera vez que el DE es catalogado por Educación federal como un “beneficiario de alto riesgo” (high risk grantee). La agencia obtuvo esa clasificación luego de que el exsecretario Víctor Fajardo fuera convicto por corrupción en la década de los noventa. Casi al término de su administración en octubre de 2004, el exsecretario César Rey Hernández acordó un plan de cumplimiento con la agencia federal para tres años que continuó su sucesor Rafael Aragunde Torres.

Este acuerdo estableció siete objetivos que debía cumplir el DE para eliminar la designación de alto riesgo, enfocadas en mejorar el manejo de subvenciones federales tanto para las escuelas como para los programas de educación vocacional, especial y de adultos. Además, la agencia debía modernizar y mejorar sus sistemas de pago de nómina, inventario y compras, bajo la advertencia de que si no se cumplían estas metas entonces el manejo de subvenciones pasaría a manos de un agente fiduciario.

Al no existir la imposición de un síndico, el DE no se vio obligado a contratar una firma como Álvarez & Marsal. La implementación del Plan se trabajó entre la Oficina de Administración de Asuntos Federales en Washington (PRFAA en inglés) y Educación, dijo Aragunde Torres al CPI.

Cuatro años después, el Departamento de Educación federal se expresó complacido con “el progreso que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha logrado en completar muchas de las acciones establecidas en el MOA [memorandum of agreement], con la excepción de cuatro áreas…”.

Las áreas que seguían en incumplimiento para 2008 eran las de prestación de servicios equitativos bajo el programa Título I-A para mejorar el aprovechamiento académico del estudiante en desventaja académica; el sistema de pago de nómina, adquisiciones, y el manejo de propiedades y equipos.

En 2011 el entonces gobernador Luis Fortuño junto a su tercer secretario de Educación en el cuatrienio, Jesús Rivera Sánchez, anunciaron la eliminación de la designación de alto riesgo para la agencia.

Trasfondo de Álvarez & Marsal

Registrada en Delaware, Álvarez & Marsal es una firma de consultoría multinacional que tiene oficinas en distintos continentes. No solo tiene experiencia en el área de educación sino también ofrece servicios de reestructuración y transacciones de fusiones y adquisiciones. En Puerto Rico tiene activas siete compañías de responsabilidad limitada registrada en el Departamento de Estado como foráneas que incluyen áreas de salud, de inversión de capital, infraestructura, entre otras.

Álvarez & Marsal también tiene experiencia en territorios como Islas Vírgenes estadounidenses y Guam, donde el Departamento de Educación federal también exigió un síndico para administrar asignaciones y subvenciones. El Departamento de Educación de Guam está compuesto por 40 escuelas que atienden una matrícula de 27,000 estudiantes y cuenta con alrededor de 3,500 empleados. Allí a A&M le tomó 14 años y $42 millones en fondos públicos para que Educación federal devolviera la administración de fondos al gobierno local.

En las Islas Vírgenes estadounidenses, el contrato firmado en 2007 con A&M no duró ni cuatro años luego que la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación señalara que la empresa no había atendido las debilidades sistémicas de control interno de fondos. La compañía Thompson, Cobb, Bazilio y Asociados, con sede en Washington, D.C., sustituyó en 2010 a Álvarez & Marsal; pero salió del panorama en el 2020 para ser reemplazada por McConnell & Jones LLP.

Las exigencias del Departamento de Educación de Estados Unidos a Puerto Rico son casi un calco de las que impusieron a las Islas Vírgenes estadounidenses desde 2007 si se comparan las cartas donde se detallan las acciones que la agencia local y el agente fiduciario deben tomar para concluir la sindicatura. Por ejemplo, coinciden los requisitos de establecer una cuenta bancaria aparte para que Álvarez & Marsal gestione los pagos a proveedores y contratistas con fondos de subvenciones o programas federales; establecer un sistema de tiempo y asistencia de empleados; así como desarrollar un registro de propiedad adquirida con subvenciones.

Tras casi 20 años sin poder satisfacer las condiciones impuestas por Educación federal, la Legislatura de Islas Vírgenes manifestó su frustración y desconfianza respecto al agente fiduciario. En una vista de octubre pasado, la presidenta del Comité de Presupuesto, Compras y Finanzas de la Legislatura de Islas Vírgenes, la senadora Donna A. Frett-Gregory, se expresó preocupada porque después de tanto tiempo “la conversación que estamos escuchando hoy parece que la he escuchado durante los últimos 17 años. Hemos gastado alrededor de 42 millones de dólares en este acuerdo de cumplimiento y todavía estamos hablando de procedimientos estándar de nómina y de adquisiciones. Esto es un escándalo”.

La socia de McConnell & Jones que compareció a la vista, Sharon Murphy, alegó que los retrasos en implementar procedimientos estándar para el pago de nómina, por ejemplo, se deben a la dificultad del Departamento de Educación de Islas Vírgenes para reclutar y adiestrar al personal para esas labores.

Por su parte, el senador Ray Fonseca desconfió del trabajo del síndico porque “lo mejor para ustedes [McConnell & Jones, LLP] es mantenernos en estas condiciones [las que Educación federal señala para corregir]”.

El Departamento de Educación de Islas Vírgenes se compone de 21 escuelas, casi 900 maestros y alrededor de 10 mil estudiantes.

Por otra parte, aunque la salida de Álvarez & Marsal de Guam se anunció en octubre de 2023, Educación federal condicionó la eliminación del territorio de la lista de alto riesgo si designaban a un Oficial Ejecutivo Financiero, un Diputado de Finanzas y Administración, y un Administrador de Programas Federales para su Departamento de Educación, entre otros requisitos. Algunas de estas exigencias coinciden con aspectos de la ponencia que sometió hace un mes el secretario del DE de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, para su vista de confirmación.

“Se creará la figura del Chief Financial Officer (Oficial Ejecutivo Financiero) para atender los temas de la gestión eficiente de los recursos, transparencia y rendición de cuentas”, dijo Ramos Parés ante el Senado el 1ro de febrero pasado. En ese momento adelantó la creación de las Oficinas de Cumplimiento y de Transformación, “como parte del componente interno del Departamento, responsable de verificar el cumplimiento de las diferentes oficinas, permitiendo una mayor transparencia en los procesos y la eventual salida del síndico o agente fiduciario”.

A&M también ha tenido contratos en estados. El director general de la empresa, William (Bill) Roberti, dirigió un comité asesor para el sistema de escuelas públicas de la ciudad de San Luis, Misuri, donde fue criticado por impulsar el despido de 1,400 docentes. Otra junta escolar que contrató a la firma poco antes de la emergencia del huracán Katrina fue la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. A&M fue contratada para arreglar las finanzas del sistema de enseñanza pública, y de inicio, su propuesta fue recortar el presupuesto del sistema educativo como vía para combatir la corrupción.

Existen lazos longevos entre A&M y los gobiernos republicanos de la familia Bush, que ha tenido dos presidentes de Estados Unidos. Roberti, militar de carrera y quien se destacó como ejecutivo en la industria textil, fue nombrado por George H.W. Bush para supervisar la contratación gubernamental de indumentaria militar a principios de la década de los 90. Otro director corporativo de A&M, David Javdan, sirvió como asesor general de la Administración de Pequeños Negocios (SBA en inglés) bajo el gobierno de Bush, hijo.