La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el 38% de los contratos de construcción examinados del 2017 al 2022, no tenían las fianzas de pago –payment bond– ni las fianzas de desempeño –performance bond-. El especialista en contratos de la Superintendencia tampoco requirió las pólizas de responsabilidad pública en el 25% de los contratos. Estos documentos son requisitos de la contratación, para garantizar el pago de la mano de obra y para responder por cualquier daño a la propiedad pública, privada y a las personas.
La auditoría de tres hallazgos señala que la Superintendencia pagó tres contratos por $543,035, de los ocho examinados, que habían subcontratados servicios del 2018 al 2019, sin previa autorización escrita. Las cláusulas contractuales disponen que la parte contratada no puede subcontratar sin la autorización escrita de la parte contratante, en los contratos de construcción y mejoras permanentes.
La Oficina de Administración de la Superintendencia, desembolsó $15,000 para construir una base para la instalación de una estatua que no ha tenido utilidad. Al 2 de junio de 2023, la estatua no se había adquirido.
Los auditores detectaron, en el examen de siete subastas informales, que el Comité Evaluador de Subastas Informales, adjudicó una sin contar con un mínimo de tres propuestas escritas. Esta situación impidió la libre competencia entre el mayor número de proveedores. Al 13 de febrero de 2023, la Superintendencia no había establecido reglamentación sobre los procesos de solicitudes de los proyectos de construcción y mejoras permanentes en los que asume su costo y las gestiones de recobro. Estos proyectos se refieren a los que no figuran en la petición presupuestaria anual por los cuales la Superintendencia asume el costo y factura a la entidad de la Asamblea Legislativa que solicitó el proyecto. La falta de reglamentación impide el control adecuado y provoca que no se realicen gestiones de cobro. Por ejemplo, al 30 de abril de 2023, la Superintendencia tenía 170 facturas por cobrar, que sumaban $4,337,827.
La auditoría comenta que, al 5 de junio de 2023, cinco demandas civiles por $465,000 estaban pendiente de resolver en los tribunales.
El Informe le recomienda a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que tomen las medidas necesarias para que el superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones y no se repitan las situaciones publicadas.
Del 2016-17 al 2022-23, la Superintendencia recibió asignaciones presupuestarias y especiales por $105,518,976 y $27,252,925 para mejoras permanentes, que suman un total de $132,771,901. Al 31 de diciembre de 2022, la Superintendencia había desembolsado $104,877,737, con un saldo de $27,894,164.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
