La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Arroyo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe M-22-02 revela que el municipio utilizó $2,957,426 de las patentes pagadas por adelantado o en suspenso, para gastos operacionales y especiales de años fiscales anteriores. Esta utilización indebida de los fondos dio lugar a no presentar de forma correcta los presupuestos del 2017 al 2020, e incurrir en déficits operacionales. Una situación similar se había comentado en los estados financieros auditados (Single Audits Reports) de 2017 al 2019.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no había preparado 31 conciliaciones bancarias del 2018 al 2019. Además, una oficinista sin autorización, efectuó en el 2017, las recaudaciones para la piscina y el estacionamiento en el Balneario y Área Vacacional de Punta Guilarte. Estas situaciones propician que se cometan errores e irregularidades.
El Municipio compró fuera de Puerto Rico, un camión canasto usado del 2007 por $55,600, sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores locales y sin el certificado de garantía y reparaciones realizadas. Estas situaciones contrarias al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, se atribuyen a que el alcalde y la directora de Finanzas no protegieron los mejores intereses del Municipio.
Los auditores de la Contraloría hallaron 14 vehículos de motor inservibles abandonados y cubiertos de maleza sin completar su proceso de disposición, según la reglamentación establecida (ver fotos en el Anejo 1 del Informe). Además, en los archivos de documentos públicos ubicados en la alcaldía y en la antigua Escuela José de Choudens, se observaron cajas con hongos, comején o rotas, y las instalaciones sin iluminación, detectores de humo ni sistema de alarma (ver fotos en el Anejo 2 del Informe).
El Informe indica que el Municipio no ha actualizado el Reglamento de la Junta de Subastas ni el Reglamento del Balneario y Área Vacacional Punta Guilarte, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 81-1991, de Municipios Autónomos y con el Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Al respecto recomienda preparar proyectos de ordenanza y presentarlos a la Legislatura para actualizarlos.
La auditoría comenta que Arroyo ha acumulado déficits de $2,331,904, $3,859,558, $2,761,537 y $2,076,107 del 2016 al 2019 respectivamente. Estas cifras representan déficits del 22% hasta el 31%, del total del presupuesto. En las operaciones con déficit, el Municipio debe incluir en el presupuesto del año siguiente los recursos suficientes para responder al crédito del año anterior.
El Municipio tiene 66 de 80 empleados clasificados como transitorios, aún cuando ha transcurrido hasta 14 años desde sus nombramientos. Esta situación contraria a la ley y reglamentación vigente, se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-20.
Al 30 de junio de 2019, el Municipio no había recobrado $31,819 por distintos conceptos según recomendado en los informes de auditoría M-14-48 de 2014 y M-16-45 de 2016.
Este primer informe de Arroyo, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
