La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Villalba. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $146,235 en multas, intereses y penalidades, por remesar tarde las retenciones y aportaciones al Servicio de Rentas Internas (IRS). Esta situación podría impedir que los empleados pudieran solicitar los beneficios a los que tienen derecho y agrava la situación fiscal del Municipio.
Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio adeudaba $1,324,728 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Autoridad de Energía Eléctrica, y cuotas a sindicatos y asociaciones. Además, tenía un plan de pago con la AAA, de una deuda de $1,018,015 mediante la retención de la remesa del CRIM. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-27 del 2016.
La auditoría de cinco hallazgos señala que en Villalba pagaron $40,904 por el cargo básico de servicio de internet y llamadas telefónicas, de equipos asignados verbalmente por el alcalde a funcionarios no incluidos en la Ordenanza 37 de 2007. Además, pagaron $26,262 en exceso de lo contratado, por el uso de internet y llamadas de larga distancia.
Contrario a la ley vigente, el Municipio invirtió $287,510 para la construcción de la primera fase de un cementerio municipal que está abandonado; la oficina del cementerio había sido vandalizada y el lugar estaba cubierto de maleza. (ver fotos en el Anejo 1 del Informe). Esta situación se atribuye a que el Municipio no identificó fondos suficientes para realizar la segunda fase del proyecto ni para mantener en condiciones adecuadas los trabajos realizados.
El Informe devela que del 2015 al 2017 no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad municipal. Además, el Municipio no mantenían un inventario perpetuo de los aceites, suministros médicos, materiales de limpieza y deportivos, y los dos empleados encargados de los cuatro almacenes, no tenían nombramiento de designación por escrito.
Los auditores de la Contraloría, identificaron que el Municipio no había establecido un reglamento para la administración y uso de tres tarjetas de crédito asignadas por la Administración de Servicios Generales para comprar el combustible de los vehículos municipales y del equipo pesado. Además, el Reglamento de Gastos de Viajes del Gobierno Municipal de Villalba de 1994, no se había actualizado al Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Estas situaciones impiden mantener controles adecuados y propicia que se cometan errores en el uso de las tarjetas de créditos y compra de combustible.
El Informe comenta que, al 31 de diciembre de 2018, el Municipio tenía cinco demandas en los tribunales pendientes de resolución por $777,836. Además, al 26 de abril de 2019, había pagado tres sentencias por $119,627 y debía cuatro sentencias por $469,556, a raíz de siete demandas por incumplimiento de pago a contratistas y reclamo de las remesas de la Asociación de Empleados del ELA.
Este primer informe de Villalba, cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
