La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guayama. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe M-23-20 revela que, el Municipio contrató en el 2020 una corporación regular no autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería ni a ofrecer servicios de inspección y asesoría relacionados a proyectos de construcción. Este contrato sería nulo por no cumplir con el ordenamiento jurídico vigente.
Además, el presidente de la corporación no era ingeniero licenciado, y no estaba registrado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ni en la Junta Examinadora. Los funcionarios responsables de la contratación en Guayama, sabían que el oficial de la corporación no era ingeniero licenciado y aun así autorizaron un desembolso por $22,750 en el 2021.
Esta situación se refirió al Secretario de Justicia el 7 de octubre de 2022 para que tome la acción correspondiente.
La auditoría de dos hallazgos señala que las facturas del contratista mencionado arriba, no contenían un desglose detallado y específico de los trabajos realizados. Al respecto, la directora de Finanzas no le requirió un detalle de los servicios ya que las facturas estaban firmadas por el gerente de proyectos especiales, quien a su vez confirmó, que no observó ni le requirió al contratista informe alguno del trabajo realizado.
El Informe comenta que el exalcalde se declaró culpable de conspiración y soborno por un esquema ascendente a $95,000, y renunció a su puesto el 8 de abril de 2022. La acusación alega que contrató, con fondos federales, una compañía de asfalto a cambio de recibir $1 por metro cuadrado pavimentado.
Además, otro exfuncionario de Guayama, se declaró culpable el 25 de abril de 2022, por el cargo criminal federal de conspiración. La acusación alega que este recibió $1 por cada metro de asfalto removido por la compañía contratada y $15,000 en efectivo.
El estadio de fútbol que se contrató del 2015 al 2017, se detuvo en el 2016 ya que el contratista solicitó quiebra ante la Corte Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico. El Municipio le había desembolsado $3,339,314 al contratista y le debía $1,488,560. No obstante, la Corte dictó sentencia en el 2019 y le ordenó al Municipio cumplir con el acuerdo de pago al contratista.
Este impago se atribuye a que el Banco Gubernamental de Fomento no desembolsó los fondos ante la declaración de emergencia fiscal en el gobierno de Puerto Rico en el 2016. La construcción del estadio se mantiene detenido, pero en buen estado. (ver fotos en el Anejo 1 del Informe)
Al 31 de diciembre de 2021, siete demandas estaban pendiente de resolución por los tribunales por $3,818,414. Además, cinco casos presentados por empleados, estaban pendiente de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, y un caso ante la Oficina de la Procuradora de la Mujer.
La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Este segundo y último informe de Guayama, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
