(El Capitolio) — La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino realizó una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 152, de su autoría, con el propósito de fortalecer las disposiciones sobre la prevención del maltrato animal, la gestión de animales realengos y la promoción de la adopción.
El Proyecto propone enmiendas a la Ley 154-2008, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”. La medida establece la creación del Task Force para el Manejo de Animales Realengos de Puerto Rico, compuesto por representantes de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Policía Municipal.
“Se trata de levantar un Task Force y reconocer que esto forma parte de la política pública de la gobernadora, Jenniffer González Colón… Este proyecto puede ser uno de resultados… La colaboración entre este Task Force y las entidades pertinentes puede ser clave para obtener buenos resultados», sentenció Soto Tolentino.
Este Task Force tendrá la responsabilidad de desarrollar e implementar un plan integral para la gestión de animales en la calle, fomentar la esterilización y vacunación, y coordinar con los municipios el traslado de los animales a refugios para adopción.
La presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico (FePA), licenciada Yolanda Álvarez expresó su apoyo al Proyecto, sujeto a varias enmiendas para fortalecer su efectividad. Entre sus recomendaciones destacó la implementación de un plan integral basado en evidencia científica, el cumplimiento de la Ley de Albergues Regionales, la esterilización gratuita como política pública y la reorganización de la OECA.
Álvarez también subrayó la necesidad de capacitar a los integrantes del ‘Task Force’ propuesto, así como abordar la escasez de veterinarios en la Isla. La organización reiteró su disposición a colaborar en la redacción y perfeccionamiento de la legislación para lograr una solución efectiva y humanitaria a la crisis de animales sin hogar en Puerto Rico.
Por otro lado, la administradora de la Sociedad para la Protección de Animales de Puerto Rico (SPA) Jaraileen Marrero Méndez expresó su apoyo, aunque resaltó la importancia de contar con “una autoridad clara de ejecución, fondos adecuados y colaboración con agencias y organizaciones que trabajan directamente con los animales”.
“Apoyo plenamente los esfuerzos para fortalecer las leyes de protección animal en Puerto Rico, pero cualquier enmienda debe considerar los desafíos prácticos de aplicación, la sostenibilidad financiera y la educación pública. Insisto al Senado a adoptar un enfoque integral, incorporando a organizaciones de bienestar animal, profesionales veterinarios, agencias de ley y formadores de políticas públicas para crear un marco realista y aplicable”, sostuvo Marrero Méndez.
Actualmente, la SPA realiza cerca de 120 esterilizaciones a bajo costo, lo que resulta insuficiente para atender la población estimada de un millón de perros y gatos en las calles.
Ante esta situación, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Brendaliz González Méndez, explicó que el Departamento no tiene jurisdicción ni fondos disponibles para atender la población de animales domésticos y realengos.
“La jurisdicción del DRNA se limita a la conservación, preservación, distribución, manejo, introducción, propagación y restauración de especies de vida silvestre residentes, migratorias y exóticas; por lo que recae en los municipios la jurisdicción en cuanto a animales domésticos y realengos, por lo que el DRNA no posee fondos para atender la población animal contenida en la Ley Núm. 154-2008”, explicó González Méndez.
A preguntas de la senadora Soto Tolentino, González Méndez detalló que, aunque sin fondos asignados, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA recibe y atiende querellas para la intervención de animales exóticos en las calles, brindando así soporte y apoyo a agentes municipales.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del Departamento de Salud, Wilma Rivera Díaz enfatizó la necesidad de contar con una fuente de financiamiento recurrente y solicitó a la Asamblea Legislativa evaluar el presupuesto disponible.
“Teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias de las agencias y las regulaciones vigentes, consideramos que, para ofrecer una respuesta adecuada, es fundamental contar con la opinión o el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) al respecto”, indicó Rivera Díaz.
Actualmente, la OECA no cuenta con recursos económicos suficientes para brindar apoyo a los municipios más allá de ofrecer educación y reglamentación. No han podido contribuir con refugios regionales, aunque han presentado solicitudes de fondos para la construcción de albergues.
Ante esta situación, la senadora Ada Álvarez Conde sugirió la creación de un fondo especial para que los municipios no asuman en solitario la carga fiscal del control de animales.
Por otro lado, la administradora de la SPA se comprometió a enviar a la Comisión un borrador con posibles enmiendas al Proyecto. Entre las problemáticas más importantes discutidas se destacó la necesidad de controlar los animales realengos en zonas costeras y prevenir la propagación de enfermedades.
El Proyecto también enfatiza la importancia de la educación pública sobre la tenencia responsable y el bienestar animal, reconociendo el impacto social, económico y ecológico de la sobrepoblación de animales abandonados. Además, establece que el Task Force deberá presentar un informe anual sobre el progreso de sus actividades y su impacto en la comunidad.
