El Capitolio – En su compromiso de conocer las posturas de las diferentes agencias de gobierno sobre la implementación de la Ley 80-2020, “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves, realizó hoy su segunda vista pública en la que citó al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH).
“El Departamento del Trabajo expresó [hoy] su participación en torno a la Ley 80 y descarga en que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto quien tiene que tomar la determinación final [para la implementación de la Ley]”, manifestó en un aparte el senador y presidente de la Comisión, Ramón Ruiz Nieves. Asimismo, el senador añadió que “algo bien importante es que ellos [el Departamento del Trabajo] tienen cerca de unos 500 empleados que cualifican para el Sistema de Retiro, pero no pueden irse al mismo, porque reciben salarios compensados con fondos federales”.
Ante preguntas del senador Ruiz Nieves para aclarar el rol que tiene el DTRH en torno a la ejecución de la Ley 80, la procuradora del trabajo Naihomy Álamo Rivera aclaró que la agencia no tiene la autoridad, ni la facultad para intervenir en cuanto a la aplicación de la Ley o hacer valer las cartas circulares emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para la implementación de dicha Ley. Asimismo, de la ponencia se desprende que es la OGP “quien cuenta con la información de los empleados elegibles al Programa, cuáles de estos son esenciales y el impacto fiscal que representan, pues las agencias tenían la obligación de remitir dicha información dentro del termino establecido”.
Cabe destacar que, en la primera vista pública llevada a cabo en el mes de marzo, presentaron sus ponencias la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). En ese entonces, las agencias no pudieron precisar el impacto económico que tendría la implementación de la Ley 80. Por lo que, el senador Ramón Ruiz Nieves comentó que estará citando nuevamente a la OGP ya que “le faltaba una data final, de cuánto es el ahorro significativo y cuánto cuestan esos empleados que se van a ir por el Sistema de Retiro. Además, nos tienen que certificar lo de los fondos federales”.
