(San Juan, PR – 5 de septiembre de 2021) El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó una solicitud para intervenir como amigo de la corte en apoyo de la Ley por Un Retiro Digno en la demanda presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSAF) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Dicha demanda busca invalidar el estatuto que declara como política pública del gobierno de Puerto Rico no apoyar un plan de ajuste de la deuda que incluya recortes a las pensiones y el pago de deuda emitida ilegalmente.
“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por voz de su Junta de Gobierno, aprobó comparecer como Amigo de la Corte en la Tribunal de Quiebras a favor de la Ley por Un Retiro Digno por entender que este asunto es de alto interés público y por las implicaciones que tiene para el país el que la Junta busque imponer un Plan de Ajuste de Deuda que no cuente con el aval del gobierno y que sea perjudicial a un segmento de la sociedad civil.
“Entendemos que la Ley 7 del 2021 está dentro de los poderes políticos y constitucionales que tiene el gobierno de Puerto Rico, incluso bajo la nefasta Ley PROMESA, y una interpretación en contrario sólo dejaría al descubierto nuevamente que dicha ley federal viola preceptos básicos de derecho constitucional e internacional. ” expresó la lcda. Daisy Calcaño López, presidenta del CAAPR
“El Colegio cuenta con la legitimidad y pericia necesaria para ilustrar al Tribunal Federal sobre los aspectos de derecho puertorriqueño, en particular los aspectos constitucionales y financiero que permita conocer las implicaciones a largo plazo de validar los reclamos de la JSAF de imponer un plan de ajuste de la deuda sin contar con la legislación habilitadora aprobada solamente por la Asamblea Legislativa y el Gobierno democráticamente electo. A su vez expone la postura del Colegio sobre implicaciones nefastas que ha significado PROMESA, la JSAF y sus propuesto Plan de Ajuste de la Deuda para el futuro digno de nuestro país.” añadió la lcda. Calcaño López.
El Colegio endosó la Ley para un Retiro Digno y compareció en dos ocasiones a las vistas públicas celebradas por la Asamblea Legislativa por considerarla una pieza de justicia social necesaria para la protección del sistema de pensiones, de las personas retiradas del servicio público, incluyendo abogados(as) y jueces, y del interés general del pueblo de Puerto Rico.
También expresaron su oposición a la Ley PROMESA y a un Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno de Puerto Rico propuesto por la JSAF que beneficia a los acreedores del Estado y recurre a medidas draconianas contra los pensionados del servicio público y que afectará más los servicios públicos esenciales.
