San Juan, Puerto Rico (9 de noviembre de 2022) – El proyecto de ley (PC 1284), aprobado en la Cámara de Representantes, para establecer cómo requisito que los dueños de clínicas dentales sean estrictamente dentistas es un retroceso en el desarrollo económico de la Isla y limita los servicios a la población, afirmaron varios expertos de la Coalición Pro-Servicios Dentales.
“Levanta una gran bandera el proceso expedito se le está dando a este proyecto por parte del Senado que se apresta a aprobarlo sin un debate amplio sobre el tema y sus implicaciones. Esta medida, impulsada por un grupo particular de dentistas, es el tipo de decisión legislativa que no abona al desarrollo de mejores servicios de salud, tampoco al desarrollo de actividades comerciales y la creación de empleos. Peor aún, esta medida promueve el cierre de clínicas dentales en la Isla, que todas operan con médicos licenciados, lo que provocará menos acceso a los servicios dentales en la población pediátrica y adulta”, aseguró Exymaris Guerrero, portavoz de la Coalición Pro Salud Dental.
La portavoz de la Coalición resaltó la crisis que actualmente enfrenta la Isla ante el éxodo de la clase médica, específicamente de especialistas, como dentista pediátrico, ortodoncista, peridoncista, endodoncista y prostodoncista, entre otros, lo que ha provocado un aumento en la espera de citas en el área dental. “Nuestros pacientes se verían afectados adversamente por una medida, fundamentada en falsedades, que responde a intereses personales y juegos políticos en vez de pensar en la salud del pueblo puertorriqueño”.
El proyecto, que está recibiendo un trato expedito en el Senado de Puerto Rico, busca enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, con el propósito de añadir un nueva Sección 15 a los fines de establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por el gobierno de Puerto Rico.
De acuerdo al presidente de la Clínica Dental de la Montaña, Francisco Molina González, ubicada hace más de 30 años en Naranjito y Toa Alta, a muchos dentistas recién graduados les resultaría casi imposible comenzar una práctica privada ya que la inversión en equipo y estructura conlleva gastos millonarios. Por lo que muchos dentistas, optan por atender a sus pacientes en clínicas establecidas que cuentan con los equipos requeridos para brindar los servicios.
Molina González, detalló que actualmente en sus dos clínicas trabajan seis (6) cirujanos dentistas, un (1) ortodoncista y más de 15 asistentes dentales, debidamente licenciados, que se quedarían sin empleo del proyecto ser aprobado.
Conforme a una carta enviada a la Comisión de Salud en el Senado, el dentista Raúl Montilla Rivera, los cambios a la Ley son “un error” con consecuencias directas para los pacientes que son atendidos en clínicas dentales. “Se afecta la salud del pueblo que depende de esos cuidados”.
“Llevo más de 10 años ejerciendo la medicina dental en una oficina cuyo dueño es un técnico dental. Somos dentistas acreditados quienes atendemos pacientes junto a nuestros técnicos y asistentes dentales. Trabajamos con el mayor profesionalismo y siguiendo las normas y ‘standard’ de cuidado que se requiere de un profesional dental en Puerto Rico y generalizar la práctica no sólo es incorrecto sino negligente. Decir que pacientes atendidos en clínicas dentales terminan en salas de emergencias constituye una generalización totalmente irresponsable hacia los profesionales como nosotros que tanto velamos por el bienestar de nuestros pacientes”, destacó el Doctor.
La portavoz de la Coalición recordó que existen procedimientos administrativos ante la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico para garantizar el ejercicio de la profesión de dentistas y odontología en la Isla, así como regular la práctica de los profesionales auxiliares de higienista dental y asistente dental.
Para otros miembros de la Coalición el proyecto va en detrimento de la profesión médica en la Isla. “Resulta inaudito pensar que, ahora, los dueños de hospitales deben ser médicos, los dueños de farmacias farmacéuticos o que los dueños de una escuela tienen que ser maestros. Lo importante y primordial es que se cumpla con los requerimientos en ley para ejercer la profesión que sea”, detalló la Portavoz.
Asimismo, aseveró que “el ejercicio de la práctica dental es materia altamente regulada como cualquier otro servicio médico y llevar a cabo procedimientos dentales sin ser dentista licenciado ya es ilegal. Este proyecto en nada atiende la práctica ilegal de la medicina dental. Solo lo utiliza como subterfugio para intervenir en un tema comercial de titularidad.”
Adelantaron, que enviaron su posición sobre la medida a sus autores, al senador Héctor Ferrer Santiago y Rafael Hernández Montañez. Así como al presidente de la Comisión de Salud del Senado y la representante Sol Higgins, que figura como co autora del proyecto, e invitaron a los legisladores a visitar sus oficinas y entrevistas a sus pacientes para conocer el buen trato y servicio que se brinda en cada uno de los centros médicos.
