(Cabo Rojo, PR., 5 de septiembre de 2022) – La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas, expresa gran preocupación por la propuesta presentada por la Senadora Ada García Montes y varios alcaldes, contenida en el Proyecto del Senado 936. Este proyecto persigue asignarles a los municipios una porción substancial (>71%) del impuesto de habitación colectado por los alojamientos independientes de renta a corto plazo (STR por sus siglas en inglés).
“Aunque diferimos con el PS-936 y el mismo necesita enmiendas medulares, le damos la bienvenida a todo proyecto de ley que motive la discusión objetiva y transparente sobre los STR, y estaremos participando en las vistas públicas con recomendaciones puntuales. El proyecto identifica algunos de los retos y oportunidades asociados a estos alojamientos, y los gastos incrementales que incurren los municipios debido a estos negocios sin registrar, pero falla en atender la raíz del problema”, indicó Xavier A. Ramírez, presidente de la asociación.
Señalan que la oportunidad real de allegar nuevos ingresos a los municipios está en aplicar equitativamente las leyes y ordenanzas municipales vigentes a estas empresas, ya que el Código Municipal los faculta para implantar medidas apropiadas para reglamentar a todos los negocios en su territorio, incluyendo a los STR, tal y como han hecho cientos de jurisdicciones en Estados Unidos.
Según Ramírez, estimados conservadores de varias fuentes independientes reflejan que en Puerto Rico hay sobre de 22,000 unidades de STR, mientras menos de 5,000 están legalmente registradas; y durante los últimos tres años y medio, los ingresos por estadías en los STR sobrepasan los $1,300 millones, y la brecha en el pago reglamentario de impuestos de habitación, patentes, permisos, seguros, CRIM, y contribución sobre ingresos, y otros cargos aplicables, excede los $350 millones.
Por varios años, las principales organizaciones de hoteles y turismo han propuesto la asignación a los municipios de una porción del impuesto de habitación colectado por los STR, la cual, según ellos, podría llegar hasta $14 millones anuales, asumiendo que los municipios contribuyen en el registro, fiscalización y captación de impuestos, como lo hacen las principales ciudades del mundo.
“Aplaudimos el que los alcaldes en municipios de alta actividad turística reconozcan que la gran mayoría de los operadores de estos STR son negocios, con decenas de unidades y ventas significativas; y deben contribuir equitativamente a mantener la infraestructura, y los servicios públicos que utilizan para operar sus negocios. Lo correcto es registrarlos, y aplicarles el marco legal y reglamentario vigente; y asegurar que pagan patente y cumplen con todos los requisitos y estándares mínimos de convivencia comunitaria, justo como se le exige y aplica a todo comercio, de similar tamaño y hasta mucho más pequeños”, reveló Ramírez.
Indican que han estudiado este tema por los pasados diez años y favorecen la economía compartida, mientras reconocen que este segmento se ha expandido descontroladamente; y sobre el 80% de estas habitaciones son negocios, administrados por operadores comerciales, locales y extranjeros, convirtiéndose en hoteles ilegales con 20, 30, y hasta 200 habitaciones.
“Reconocemos la necesidad que tienen nuestros municipios de allegar fondos nuevos para mantener los servicios esenciales a nuestro pueblo. Sin embargo, debemos ser cautelosos en cómo reinvertimos el impuesto de habitación que estamos produciendo. La prioridad en el uso de estos fondos, y que producirá el mayor retorno de inversión para Puerto Rico, está en implantar un Plan para el Manejo del Destino para mejorar nuestros atractivos turísticos; y aumentar los fondos asignados para el Mercadeo del Destino. La combinación de ambos, atraerán un número mayor de visitantes a los 78 municipios, creando más empleos y aumentando el recaudo del impuesto de habitación, y el impuesto de consumo (IVU) en miles de comercios”, apuntó Ramírez.
