(El Capitolio – 1 de noviembre de 2022) – Con 19 votos a favor y 26 en contra, la Cámara de Representantes derrotó hoy, martes, el Proyecto de la Cámara 1037 que busca despenalizar la posesión simple de 5 gramos o menos de marihuana.
Aunque inicialmente proponía despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de esta sustancia controlada, la medida sufrió una serie de enmiendas durante los trabajos de la sesión legislativa para lograr su aprobación, por lo que la cantidad fue reducida a 5 gramos.
La pieza legislativa, de la autoría de los representantes populares Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, propone eximir a las personas consumidoras de ser sometidas a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de una cantidad de consumo personal de esta sustancia controlada.
“Este proyecto, a pesar de que sé que habrá algún afán para, con demagogia, cambiar cuál es el propósito real o los objetivos, lo cierto es que no busca legalizar la sustancia de cannabis. Es un proyecto que yo entiendo es bastante sencillo, y lo que hace es que sustituye la pena de cárcel por unas multas administrativas”, expresó Aponte Rosario, quien emitió un informe positivo del proyecto como presidente de la Comisión de lo Jurídico.
La pieza legislativa persigue enmendar el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas (Ley 23-1971) con el fin de imponer infracciones menos onerosas y evitar que las personas que consumen esta cantidad de marihuana sean procesadas criminalmente por el Estado. Tampoco formarán parte del Certificado de Antecedentes Penales las personas que infrinjan este inciso.
Según las disposiciones, la primera infracción exigirá que la persona intervenida complete un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas, incluyendo la marihuana, ofrecido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Cualquier sanción subsiguiente conllevará que la persona infractora pague una multa administrativa de $500 y recibirá terapia sobre rehabilitación, así como control del uso y abuso de sustancias controladas por parte de ASSMCA. Además, implicará la prestación de servicios comunitarios por un periodo no menor de 30 días.
Actualmente, la Ley de Sustancias Controladas establece que será ilegal que cualquier persona posea alguna sustancia controlada, a menos que haya sido obtenida directamente o de conformidad con la receta u orden de un profesional.
Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y será convicta con pena de reclusión por un término fijo de tres años. De 2016 a 2021, un total de 5,600 personas fueron convictas por posesión de marihuana al amparo del Artículo 404, según datos ofrecidos por Aponte Rosario.
“En lugar de terminar tras las rejas; en lugar de exponerse a un procedimiento criminal donde fondos públicos son desembolsados desde el inicio de la intervención hasta que se lleva a cabo ese encarcelamiento, este proyecto pretende que se creen unos programas de orientación, desvío, para procurar la rehabilitación de las personas que sean intervenidas por la posesión simple de la sustancia”, puntualizó Aponte Rosario.
La medida recibió el apoyo de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Sin embargo, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la portavoz de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, votó en contra del proyecto.
El representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, así como la mayoría de los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) también se opusieron a la medida.
El portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, subrayó que el pasado cuatrienio se aprobó la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis (Ley 42-2017), que prohíbe el uso recreacional de la marihuana y regula la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.
“Está disponible para aquellas personas que quieran utilizarla (la marihuana) por una condición médica, pero este proyecto de ley lo que hace es que le da el traste al proyecto del cannabis medicinal, porque abre las puertas para que usted pueda buscar y obtener la marihuana en cualquier lugar”, manifestó Méndez Núñez.
“Si ya tenemos la legislación que nos asegura a nosotros un trato justo para las personas que tienen alguna enfermedad terminal o alguna de las condiciones que establece el reglamento del Departamento de Salud, ¿para qué ir sobre eso?”, cuestionó.
